15 de junio de 2017. Es el día clave en la reforma de la plusvalía municipal plusvalía que esta semana echó a andar en el Congreso con el proyecto de ley presentado por el PP. Solo los contribuyentes que hayan tributado a pesar de no haber logrado beneficio alguno con la venta de una vivienda o un local comercial o tras haber recibido una herencia tendrán derecho a una devolución automática. Aquellos propietarios que hayan rendido cuentas en su ayuntamiento por operaciones a pérdidas anteriores a esa fecha, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el gravamen en las ventas, herencias y donaciones que no generan ganancia, tendrán que recurrir a los tribunales. Pero el coste económico que la farragosa tramitación supone para los afectados hará que muchos se lo piensen dos veces antes de llevar a la Justicia las operaciones a pérdidas anteriores a junio de 2017 -tan solo de los cuatro últimos ejercicios ya que los anteriores ya prescribieron-.
Desde el Colegio de Economistas en Galicia advierten de que solo compensará reclamar por la vía judicial si la cuantía a devolver supera los 5.000 euros. En la comunidad gallega, el 90% de los contribuyentes se deja en el impuesto de plusvalía una media de entre 2.500 a 7.500 euros. "Hay que tener en cuenta la minuta del abogado, que puede suponer hasta una tercera parte de lo que se llegue a recuperar", detalla Juan José Santamaría, decano del Colegio de Economistas en Pontevedra. Para los expertos resulta "corta", "parca" y "discriminatoria" la reforma sobre el impuesto de plusvalía, un gravamen que cobran los ayuntamientos -en Galicia lo aplican 115 concellos- pero cuya regulación es de carácter estatal.
La recaudación de este gravamen bate récord año tras año en las arcas municipales pese a que el estallido de la crisis en 2008 hizo caer en picado los precios de los inmuebles y las operaciones de compraventa. Solo en 2016, los ayuntamientos gallegos -según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda- ingresaron por este tributo 47,65 millones de euros, casi un 80% más que hace diez años y un 15% más que el ejercicio anterior.
"Es un parche", cuestiona Juan José Santamaría sobre el proyecto de ley que limita las compensaciones de la plusvalía y que todavía no ha aclarado si será el Estado o los ayuntamientos los que asuman el coste de las devoluciones. La exclusión de contribuyentes con minusvalías anteriores a junio de 2015, según advierten los economistas, "no solo afecta al principio de equidad" sino que "discrimina" a aquellos que a fecha de publicación del fallo del Alto Tribunal tenían pendiente de prescribir o de recuperar la devolución por ingresos indebidos. "La inconstitucional establecida por el Constitucional es anterior a la sentencia; no solo con posterioridad", defiende el decano del Colegio de Economistas de Pontevedra.
Los expertos advierten además de que con la plusvalía se produce una doble tributación con el IRPF que, en Renta, grava las ganancias patrimoniales, incluidas las habidas en terrenos urbanos. En el caso de herencias mortis causa, el contribuyente está ante una situación de "plusvalía del fallecido", por lo que los economistas defienden que por las mismas razones que los herederos no tributan en Renta por las ganancias patrimoniales de los finados, tampoco deberían hacerlo por este impuesto municipal.
