05 de agosto de 2018
05.08.2018

La Xunta contrata a asesores externos para ayudar a vigilar la protección de datos

Prestarán apoyo y formarán a los empleados públicos que se encarguen de proteger y controlar el buen uso de la información que dan los ciudadanos

05.08.2018 | 01:50
Una empleada pública de la Xunta en su puesto de trabajo.

La Xunta maneja millones de datos de ciudadanos, una información sensible sobre la que un nuevo reglamento europeo que ha entrado en vigor el pasado 25 de mayo obliga a extremar el control. Se trata de garantizar la privacidad de esos ficheros, evitar filtraciones o que se les dé un mal uso. Para ello, cada consellería y cada organismo público contará con un delegado de protección de datos que se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa. Y este responsable será un empleado público, lo que da mayores garantías a la custodia de la información. Sin embargo, para desarrollar esta tarea se requieren "conocimientos muy especializados". Por esa razón, la Axencia para a Modernización Tecnolóxica (Amtega) contratará a asesores externos que ayuden y formen al personal de la Xunta encargado de proteger los datos de los ciudadanos.

La Administración autonómica maneja información delicada de los gallegos, desde datos sanitarios, económicos, circunstancias familiares... En su base de datos hay 600 ficheros físicos y unas 1.500 aplicaciones informáticas. "Lo que da idea de la complejidad de la tarea", explican desde la Amtega.

Y en la protección de datos hubo un punto de inflexión el pasado 25 de mayo. Ese día entró en vigor un nuevo reglamento europeo, Y desde entonces cualquier organismo público o privado que maneje información de los ciudadanos debe, entre otras cosas, solicitarle su consentimiento expreso y no tácito, como hasta ahora, para manejar esos datos. Además deben especificar qué uso le quieren dar y durante cuánto tiempo. Y se obliga a una mayor transparencia al informar, por ejemplo, a los afectados en un plazo máximo de 72 horas si se produce una brecha de seguridad.

En el caso de las administraciones públicas los datos personales serán recogidos "con fines determinados y legítimos, y no serán tratados de manera incompatible con dichos usos", según se recoge en la guía de la Agencia Española de Protección de Datos. Se permite, eso sí, su archivo por razones de interés público, investigación científica e histórica o fines estadísticos, por lo que pueden acabar en estudios de miles de personas.

Pero, siempre con restricciones: que la información procesada se limite al mínimo imprescindible y que se evite que se pueda identificar directamente a la persona. "Por ejemplo, en ningún caso sería proporcional realizar una clasificación del número de ciudadanos por el tipo de orientación sexual o el tratamiento del número de personas que se encuentran en un determinado espacio de culto religioso", se especifica en la guía.

¿Y en la Xunta quien vela para que esto se cumpla? Los delegados de protección de datos. Un total de nueve por cada consellería, más los que se designen en los organismos autónomos. Se requiere, sin embargo, que esta figura "cuente con los conocimientos especializados en la legislación y prácticas en la materia". Y dado que no es así, la Amtega ha sacado a concurso por 300.000 euros más IVA un servicio específico de apoyo a sus funciones.

Estos asesores externos se encargarán de informar y asesorar a los delegados de cada área. Les enseñarán sobre cómo se hace el tratamiento de datos, las limitaciones en su uso y les ayudarán a minimizar la información que se debe solicitar, pues solo se debe requerir al ciudadano aquella que sea imprescindible.

Los consultores podrán participar en las reuniones que se les soliciten, explicar los riesgos y evaluar el impacto sobre la privacidad de la utilización de datos, así como dar cursos y seminarios para los empleados públicos responsables de estas áreas.

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