Galicia no está dispuesta a perder ayudas europeas a uno de sus sectores estratégicos: el agroganadero. Con el objetivo de evitar que el recorte del presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 por el Brexit alcance a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC), Xunta y representantes del sector agrario firmaron ayer el documento que fija la postura de Galicia sobre la reforma de las subvenciones europeas al rural. El documento de consenso, que será remitido al Ministerio de Agricultura para que incorpore las propuestas gallegas a la posición conjunta de España ante Bruselas, recoge un decálogo de medidas que tiene como eje central que la UE mantenga la financiación de la PAC y que no cargue sobre los Estados miembros el tijeretazo al presupuesto comunitario.
La Consellería do Medio Rural trata así de minimizar el impacto del nuevo escenario financiero, marcado por la salida del Reino Unido de la UE y por el aumento de las partidas para gestión de fronteras y seguridad, en las miles de explotaciones agrícolas y ganaderas en la comunidad ya que cada euro que les llega de Europa les permite continuar con una actividad que en los últimos años se ha visto golpeada de lleno por la crisis económica y los bajos precios que perciben por sus productos.
El documento que fija la postura de Galicia sobre la reforma de la Política Agraria Común fue suscrito ayer por la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, y representantes de Unións Agrarias, la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Cooperativas Lácteas Unidas (Clun) y de la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca).
Entre los diez puntos que recoge el escrito sobre la reforma de las ayudas agrarias, Medio Rural defiende criterios de reparto "iguales obligatorios" para todos los Estados, rechazando cualquier posibilidad de "renacionalización", es decir, que España tenga que asumir los recortes del presupuesto europeo cofinanciando ayudas al sector agrario en las distintas comunidades autónomas. Además, la Xunta aboga por fijar medidas que reconozcan las particularidades de cada territorio.
Desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez ven adecuado establecer un tope máximo de ayuda por explotación para así favorecer a las de menor extensión, pero considera "excesivamente alta" la propuesta de la comisión de limitar el importe a 100.000 euros por explotación, apostando por un techo de 60.000 euros.
La Xunta también se propone potenciar el apoyo a las entidades de tamaño pequeño y medio, el consenso sobre la figura del "agricultor genuino" o la simplificación de los trámites administrativos para percibir las ayudas de la PAC.
En la postura común de Administración autonómica y sector agrario está el apoyo a la incorporación de jóvenes a la actividad en el rural. Defiende además una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales, así como para las pequeñas explotaciones.
Otras de las demandas recogidas en el decálogo de la Consellería do Medio Rural sobre el futuro de la PAC pasan por incrementar, por lo menos un 15% la propuesta de la Comisión, de modo que las ayudas asociadas a una actividad supongan una gran parte de las aportaciones directas.
La Xunta considera preciso no incrementar las exigencias medioambientales en los territorios donde estos requisitos puedan suponer una excesiva presión para el desarrollo de la agricultura, de modo que pide simplificar las tramitaciones administrativas.
Otra de las demandas del sector en Galicia tiene que ver con medidas de respuesta rápida a las oscilaciones de los precios de los productos agrarios y de factores productivos como los piensos y la energía, de forma que los agricultores puedan mantener sus rentas ante estas contingencias.
