La inminente aprobación por parte de la Xunta del decreto que regulará los pisos protegidos en Galicia ha provocado que el número de demandantes de este tipo de viviendas crezca por primera vez en los últimos seis años. Ayer, había 12.388 personas apuntadas en el Rexistro Único de Demandantes. Es un 2,7% más que en el mismo mes del año pasado. Con este incremento se rompe la tendencia a la baja que se había producido desde 2012 cuando había más de 25.000 personas apuntadas en la lista.
El decreto, que en estos momentos se encuentra en tramitación, amplía el límite de ingresos para acceder a una vivienda de protección lo que va a permitir que un mayor número de gallegos pueda optar a una vivienda en unas condiciones económicas mejores que las del mercado libre.
Cuando entré en vigor el nuevo decreto -la previsión que maneja la Xunta es que sea antes de que acabe el año-, los ingresos máximos para beneficiarse de una vivienda tanto de promoción (las que son propiedad o construidas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo) como de protección (constructores privados) suben de 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a 3 veces el Iprem. Es decir, si antes el demandante tenía que estar por debajo de los 18.797 euros anuales para acceder a una vivienda pública, ahora se eleva a 22.557, un 20% más.
Este incremento económico está detrás del alza de la demanda de viviendas de protección que se ha producido este año. La mejor, y única, forma de saber cuál es esa demanda es acudir al Rexistro Único de Demandantes. Allí, la Xunta tiene centralizadas todas las solicitudes tanto de alquiler como para comprar pisos protegidos. A través de este listado se adjudican tanto las viviendas de promoción pública como las de la iniciativa privada y la Xunta conoce con exactitud la demanda que existe tanto en número de personas como en qué ayuntamientos.
Al inicio de la crisis, las cifras de solicitantes se dispararon porque se creía que era más fácil obtener una vivienda de protección que acudir al mercado libre. En 2012, en plena burbuja inmobiliaria, el número de personas que estaban apuntadas en la lista eran 25.000. Ayer, 12.388. Es decir, la mitad.
Sin embargo, desde el arranque del año se ha producido un incremento por primera vez en los últimos seis ejercicios. Desde 2012, el número de inscritos en el Rexistro Único de Demandantes no ha parado de descender. En 2014 disminuyó hasta los 20.589. A principios de 2015 volvió a caer otras 5.000 personas, hasta las 15.225. En verano de ese año el descenso continuó hasta los 13.956 y a finales del ejercicio eran 12.747. En septiembre de 2017, el número se situó casi por debajo de las 12.000 (12.058). Sin embargo, ahora, en 2018 ha vuelto a aumentar.
Este descenso en el número demandantes estuvo provocado por la crisis, el elevado desempleo y las escasas posibilidades de encontrar un trabajo. También influyó la escasez de nuevas promociones y que las administraciones no construían viviendas de protección pública. Por ello, no entraban nuevas solicitudes en el registro del Instituto Galego de Vivenda e Solo y las que ya estaban dentro no se renovaban. Si a los tres años no se renueva es borrada de la lista.
Todos estos condicionantes económicos también han provocado un cambio en los demandantes. Ante la falta de recursos y de financiación, la gran mayoría opta en estos momentos por el alquiler de una vivienda de protección y no por comprarla. Si hace seis años había dos solicitantes de alquiler por cada potencial comprador, ahora la proporción es de siete a uno.
En 2012, más de 8.600 gallegos estaban apuntados para comprar una vivienda de protección. En 2014 ya eran 5.300, cifra que cayó a 2.574 en enero de 2015; 1.985 en 2016 y 1.439 en 2017. En 2018, esta cifra ha aumentado por primera vez en los últimos seis años hasta las 1.697 personas. Cinco veces menos que en 2012. En cambio, existen en estos momentos 10.691 demandantes de una vivienda en alquiler de protección. El 86% del total.
Cada año, el Ejecutivo gallego establece la demanda real de vivienda pública en cada concello de más de 5.000 habitantes. Este porcentaje lo extrae del Rexistro Único de Demandantes. Este sistema comenzó en 2012 y la reserva media de suelo se colocó en el 4,66%. Al ejercicio siguiente se disparó hasta el 7,11%, debido a que ese año había 24.000 gallegos inscritos en el registro de demandantes de un piso de protección.
Pero a partir de entonces, se produjo un descenso continuado de la superficie mínima destinada para viviendas protegidas, que coincidió con una reducción de la lista de espera para acceder a ellas. Así, se pasó al 5,69% en 2014, al 4,71% en 2015 y al 4,66% de 2016. Y tras tres ejercicios de bajadas, en 2017 fue el primero que subió, hasta el 5,5%, con lo que se rompió la tendencia iniciada en 2013. Sin embargo, en 2018, la Xunta ha vuelta a rebajar el porcentaje y lo ha dejado en el 4,9%.
Por provincias, A Coruña y Pontevedra acaparan ocho de cada diez demandas de viviendas públicas. En la primera, los inscritos son 4.709, de los que solo 640 apuestan por la compra de un piso protegido. En la segunda, son 5.774 (892 para adquirir un piso). En menor número están apuntados en Lugo (1.369, 106 para comprar) y Ourense (536 y solo 59 que quieren hacerse con una vivienda pública en propiedad).
