La Fiscalía presentó una querella contra dos altos cargos de la Xunta al considerar que pretendían "forzar y doblegar la voluntad" de dos arrendatarios mayores, utilizando como medida de "presión" la supresión del mantenimiento de las zonas comunes, "dejando de realizar la limpieza y reparaciones, no sustituyendo el alumbrado y no realizando el mantenimiento de los servicios como el ascensor". Así, "dejando de cumplir las obligaciones de la propiedad, intentaban presionar a los inquilinos para el desalojo".
Es la tesis que expone el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, en su querella contra dos cargos de la Xunta a los que pide investigar por un presunto acoso inmobiliario a dos inquilinos mayores que vivían en el centro de la ciudad de As Burgas. Son la secretaria general Técnica y de Patrimonio de Facenda, M. P. S. M. H. -en el puesto desde 2012- y el subdirector de Patrimonio, P. J. M. P., nombrado en 1999. La Consellería de Facenda niega la acusación "de manera rotunda", asegura que existe un servicio de limpieza y que el elevador será reparado, y además afirma que intentó un "acuerdo amistoso" con los inquilinos y ofreció una indemnización, o bien un alquiler en condiciones similares.
La querella del fiscal jefe apunta a una modalidad del delito de coacciones que consistiría en impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Este tipo de presión puede ser castigada en la mitad superior del arco de penas de prisión de 6 meses a 3 años, o con una multa de 12 a 24 meses, según establece el Código Penal. La denuncia fue presentada por la representación legal de una mujer que, con 92 años y tras 55 años viviendo en el inmueble, se ve obligada a estar en un hotel porque, tras una rotura de cadera en julio, no puede subir a pie a su cuarto piso. El otro afectado reside en el quinto.
La Xunta, a la que aún no le consta la querella aunque promete "su totalidad disposición a colaborar con la justicia", mantiene que esa inquilina "había mostrado disposición a negociar". Su abogado, Roberto Estévez, asegura que la administración no hizo "ningún tipo de acercamiento" y censura los modos: "Pretendía un desahucio sin pagar ninguna indemnización y usando medios no lícitos. Lo grave es que sea una administración pública la que utilice este tipo de mecanismos para intentar expulsar a dos inquilinos. Que todo un fiscal jefe vea los mismos indicios que nosotros es bastante significativo".
El edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana, de cinco alturas, es propiedad de la Xunta desde principios de siglo. La intención de la administración es dar uso administrativo al inmueble, para ahorrar alquileres de oficinas, máxime tras el traslado en 2015, a un nuevo edificio judicial, del servicio forense del Imelga y de los dos tribunales contenciosos.
Los contratos de los inquilinos, concertados en su día por la extinta Cámara de la Propiedad, fueron subrogados por la Xunta. El fiscal jefe sostiene que tras el nombramiento en 2012 de la secretaria general ahora querellada "la situación cambió radicalmente" para los moradores.
Según la querella, los cargos "entendieron que la Xunta había de recuperar la plena posesión del edificio lanzando a los arrendatarios, utilizando cualquier vía para ello, inicialmente acudiendo a los resortes legales acompañándolos de medidas de presión no legítimas. Tal decisión de ambos querellados de dejar expedito el inmueble tenía que ver con algo que ellos personalmente entendían intolerable", que la renta mensual de los mayores fuera de 25,26 y 74,97 euros, mientras que los gastos de mantenimiento del inmueble "eran de un importe notablemente superior al importe de las rentas".
