Toda persona que lleve un animal considerado potencialmente peligroso en Galicia, aunque sea de forma puntual, deberá tener una licencia municipal. Así lo establece un cambio de la Lei de Benestar Animal, aprobada hace poco más de un año, introducido mediante la ley de acompañamiento. Cualquier ciudadano que conduzca y controle, ya sea "de forma habitual, ocasional o puntual" a un animal de este tipo tendrá que tener licencia municipal de tenencia expedida a su nombre. La Xunta alega que esta modificación se realiza "teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa estatal y en pronunciamientos judiciales" sobre esta materia, informa Europa Press. En los últimos tiempos se han producido ataques en Galicia de perros de razas consideradas peligrosas. Uno de ellos ocurrió el año pasado en Covelo, en donde dos perros hirieron gravemente a una mujer de 82 años.
Con datos de 2016, el registro gallego de identificación de animales de compañía contabilizaba 14.125 perros potencialmente peligrosos. Ese año se denunciaron 428 infracciones por parte de dueños, que generaron 147 sanciones por valor de medio millón de euros.
Las empresas mineras que incumplan sus obligaciones de rehabilitar espacios naturales dañados por su actividad dispondrán de una opción para rebajar hasta en un 80% la multa que le imponga la Administración autonómica si acometen esos trabajos tras ser denunciados. De esa forma, la Consellería de Economía pretende "introducir incentivos" para acelerar el cumplimiento de los trabajos de restauración del ecosistema afectado.
Esta posibilidad de rebajar el importe de la sanción será introducida a través de la ley de acompañamiento, el cajón de sastre normativo que la Xunta tramita al mismo tiempo que los presupuestos autonómicos.
Esta no es la única rebaja de castigos que establece el Ejecutivo autonómico, pues permitirá un descuento de hasta el 70% -en ambos casos un 10% depende del pago voluntario- si al formularse la sanción la empresa ha cumplido "íntegramente la obligación de reacondicionamiento y de las previsiones de restauración, pero no la reparación de danos y perjuicios".
En sentido opuesto, endurece ligeramente los criterios para elevar la gravedad de una sanción. Si hasta ahora eran necesarias más de tres de tipo leve o grave para ser consideradas graves o muy graves, respectivamente, desde la entrada en vigor de la nueva norma solo será necesario superar dos. Las leves acarrean multas de hasta 30.000 euros; las graves, entre 30.001 y 300.000; y las muy graves, hasta el millón de euros.
En caso de incumplimientos, la empresa expedientada añadirá una losa en forma de multa coercitiva hasta que salde sus responsabilidades con la Administración que oscilará entre los 1.000 y los 25.000 euros.
Estos cambios están acompañados de una garantía legal para que la quiebra de una empresa no impida el cobro de las sanciones. La legislación añade como responsables de los pagos a "la persona titular o propietaria de la entidad explotadora efectiva, así como al administrador, gerente, director o equivalente [...] cuando no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintiesen el incumplimiento por quien de ellos dependan o adoptasen acuerdos que hiciesen posible la comisión de tales infracciones". Y especifica que no habrá subterfugios. Si la empresa quiebra, la sanción irá dirigida contra ellos.
Por segundo año consecutivo, la Xunta aprovecha la ley de acompañamiento para cambiar la legislación en materia de minas y tratar de reactivar el sector, objetivo que ya se marcó ya en 2011 el Ejecutivo de Feijóo, señalando las posibilidades de extra oro, wolframio -se reactivaron dos de los grandes yacimientos de la comunidad- o litio, entre otros.
El año pasado, estableció un calendario para sacar a concurso público cientos de minas cuyos derechos habían caducado -630, según el Catastro Minero del Gobierno central-. La fecha tope era el 26 de octubre de este año, es decir, el próximo viernes.
La Consellería de Economía reconoce de facto el incumplimiento de ese plazo y asegura que convocará "en las próximas semanas" los concursos provinciales para reactivar minas. Su experiencia previa resultó un fiasco. En 2011 anuló las concesiones vigentes de minas sin actividad y las sacó a concurso. De las casi 500 ofrecidas al mejor postor, solo tres fueron reactivadas el año pasado. Medio centenar estaban en fase de análisis de rentabilidad.
En la adjudicación de la explotación de los yacimientos primarán criterios como la calidad ambiental y el impacto socioeconómico posible en la zona, si bien la Dirección Xeral de Minas se reserva la opción de "establecer justificadamente modificaciones de los criterios" de asignación en casos puntuales.
Los cambios en la ley de acompañamiento también conceden más tiempo a la administración para zanjar estos procesos, duplicando el plazo para la convocatoria y resolución, establecidos a partir de ahora en dos y seis meses, respectivamente.
