El juicio por el urbanismo de Barreiros que se celebra en un juzgado de Lugo prosiguió ayer con las declaraciones de los técnicos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta. La primera en declarar, por videoconferencia, fue la que en aquel entonces era jefa de servicio de inspección urbanística en Lugo, Iria María Alfonsín, que explicó que la Xunta actuó en Barreiros porque había "informes desfavorables de la arquitecta municipal que detectaban irregularidades y aún así se daban favorables las licencias". Esta declaración llega después de que el lunes del alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, culpase al informe "favorable" de la secretaria municipal de la concesión de 44 licencias para construir.

Sin embargo, de los informes de la secretaria, Alfonsín aseguró ayer que "10 fueron desfavorables por falta de servicios y en cerca de 30 se informaba de suspender el procedimiento para alertar de las irregularidades". "Todo esto en 2006, cuando se pretendían levantar hasta 3.000 viviendas en un municipio que tiene 3.200 habitantes empadronados", precisó la funcionaria.

La técnico de la APLU aseveró que "todos los informes de la Xunta decían que la zona no reunía los requisitos para ser considerado como suelo urbano consolidado". Además de ello, hay "seis sentencias que confirman que no se podían haber otorgado las licencias".

"Con una visita a las parcelas se entiende perfectamente que no se podía construir, algunas de las licencias estaban proyectadas sobre masas forestales, calificadas como suelo rústico. Cualquier persona sin conocimientos urbanísticos entiende que allí no se puede construir como suelo urbano consolidado", remarcó. Antes de entrar en la vista, la abogada de Adega, Montserrat Calvo, manifestó que "Fuente Parga no es un alcalde" para ella, porque "según contestó a las preguntas del lunes, no sabe cuál es su función".