"Ahora mismo, las perspectivas no son tranquilizadoras para Galicia" ante el riesgo de perder fondos europeos en el próximo periodo presupuestario de la Unión Europea (2021-2027). Esta es la impresión que tiene la Xunta tras la reunión que mantuvieron ayer en Bruselas el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y el embajador representante permanente de España ante la UE, Pablo García-Berdoy, un encuentro en el que ambos políticos analizaron las actuales negociaciones del marco financiero.

"Lo que nos transmitió el embajador es que tenemos mucho trabajo por hacer y que, desde luego, a día de hoy no está ni muchos menos garantizado que podamos mantener nuestros fondos", declaró el número dos del Gobierno gallego. La razón es que la Comisión Europea trabaja con la previsión de recortar hasta un 7% los fondos de cohesión (Feder y FSE) y un 5% las subvenciones agrarias. Entre unos y otros aportan un total de 3.800 millones de euros a la comunidad gallega durante el periodo 2014-2020, pero su continuidad no está garantizada.

Sin embargo, la Xunta apuesta por "trabajar" y "buscar aliados" para evitar estos recortes, que "no se pueden producir en ningún caso", comentó Rueda. Llama, por ello, a moverse "con más intensidad a partir de ahora".

Y es que recuerda que en el año 2014 también "había una posibilidad cierta de que Galicia bajase mucho en fondos" con respecto al anterior periodo presupuestario, pero que con "trabajo" se revirtió la previsión inicial y al final se pudo continuar con los mismos fondos. "También el Gobierno español tiene que trabajar como se hizo en 2014", avisó.

Para ello, apuntó que existen argumentos como que Galicia "hace un buen uso de los fondos". Además, Rueda reiteró la demanda de la comunidad autónoma de que la política regional a partir de 2021 ayude en mayor medida a hacer frente a los retos demográficos de las regiones europeas, y explicó que para poder poner en marcha políticas que ayuden a combatir el envejecimiento y la despoblación es precisa la implicación presupuestaria de la UE, al indicar que las tendencias demográficas agravan las diferencias entre regiones, además de dificultar la prestación de servicios públicos esenciales y el desarrollo de infraestructuras de calidad.