Los ganaderos gallegos, que llevan años reclamando precios dignos para la leche en el punto de venta, se han puesto en pie de guerra tras conocer la nueva norma que prohíbe poner en el mercado alimentos por debajo de su precio de coste. La aprobación del decreto ley que limita estas prácticas, que afectan sobre todo a productos como la leche y el aceite, debería haber sido motivo de alegría en el campo, pero ha generado una reacción totalmente contraria.
El sindicato Unións Agrarias estima que la norma hace todavía más farragoso demostrar que se ha producido esa venta por debajo de costes y vaticinan serios problemas jurídicos a la hora de aplicarla. "Supone una clara regresión porque sigue permitiendo que las industrias impongan precios por debajo de costes de producción a agricultores y ganaderos, y que se condicione la fijación de las tarifas a través del uso en la distribución de productos reclamo", explican. Desde la organización agraria denuncian que con este decreto "se invierte la carga de la prueba" porque "se debe demostrar que la venta por debajo de costes tiene carácter desleal". Por todo ello, piden la paralización de la norma y que se modifique a través de la introducción de mejoras en la Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido, solicitará una reunión con todos los grupos políticos del Parlamento gallego para informarlos y alcanzar una postura par cambiar dicha norma con el objetivo de "actuar contra las empresas que desarrollan prácticas comerciales abusivas".
El ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que el real decreto ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Competitividad Económica en la Industria y el Comercio aporta "mayor seguridad jurídica". Las organizaciones han solicitado una reunión urgente con Planas para presentar sus propuestas. Una de ellas, dotar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del departamento estatal, de nuevas competencias para sancionar estas prácticas, una función que ahora recae en las comunidades.
Distribuir de manera justa el beneficio que genera la venta de la leche desde que sale de la ganadería es para Ramón Artime, tesorero de la Interprofesional Láctea Española (Inlac), la clave para acabar con el eterno conflicto de la utilización como reclamo de productos como la leche líquida. Artime, que ha vivido en el seno de Inlac las arduas negociaciones para configurar la ley de la Cadena Alimentaria en España, opina que "de poco servirá regular la venta a pérdidas si no llevamos un control del beneficio que va generando el producto desde que sale de la ganadería hasta que llega a la superficie de venta; el objetivo real es que el valor añadido del producto se reparta a lo largo de los eslabones de la cadena", recalca el dirigente agrario y ganadero.
Una de las premisas de la nueva norma que rechazan los ganaderos es la necesidad de probar caso a caso la presunta existencia de venta por debajo del coste. "Valorar la intención del que comete esta práctica, como sostiene la nueva norma, es muy complicado y difícil de demostrar. Puede conllevar un caos administrativo", señala.
Hasta ahora era suficiente con aportar las facturas de compra y venta que acreditasen esa mala praxis. Nadie se tomaba la molestia de realizar una prueba exhaustiva. Pero ahora la carga de la prueba recae en la Administración, que deberá demostrar que el acusado incurre en una conducta fraudulenta. Así que si bien es cierto que los cartones de leche a un precio irrisorio en los estantes de los supermercados y las botellas de aceite colocadas como sugerente reclamo para animar las ventas pueden llegar a ser historia en España, el Gobierno deberá conseguir poner de acuerdo a productores, mayoristas y distribuidores, a fin de evitar unas prácticas que vienen siendo denunciadas desde hace años, pero que a la vista de los hechos son difíciles de erradicar.
