Las organizaciones ecologistas han sido unánimes al valorar el pronunciamiento del Supremo sobre la catástrofe del Prestige al estimar que la resolución "no refleja, en absoluto" el daño real ocasionado. El director de Greenpeace, Mario Rodríguez, lamenta que se trata de una sentencia de "corto alcance" que, a su juicio, "no refleja la gravedad de esta catástrofe que fue la mayor que ha sufrido el país". Para Eneko Aiarbe, responsable de pesca de Ecologistas en Acción, las sentencias emitidas a lo largo del proceso penal nunca han llegado a cubrir todas las responsabilidades del accidente por lo que es muy difícil depurarlas.
La Xunta, por su parte, saca una lectura positiva dado que desestima en su integridad los recursos del entorno del petrolero para eximirse de responsabilidad. El Gobierno gallego espera que se pueda cobrar la indemnización cuanto antes y no se retrase por causa del Brexit. "La sentencia fue clara y refrenda lo que siempre defendió la Xunta, que hubo delito medioambiental y que deben ser declarados responsables civiles de los daños producidos", sostiene el Gobierno gallego.
El portavoz de En Marea en el Parlamento, Luís Villares, lamentó la "lentitud" de la justicia. "Dieciséis años después de la catástrofe, una sentencia definitiva implica la lentitud de una justicia inaceptable", censuró el dirigente de En Marea.
La portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Parlamento, Patricia Vilán, apuntó a las responsabilidades políticas "pendientes" en relación con el Prestige. "Sigue a ser hoy un corredor atlántico de buques y remarca que, de repetirse la catástrofe, la situación seguiría exactamente igual", reprobó.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó como "una nueva burla a Galicia" la sentencia por producirse "16 años después de la catástrofe". De su contenido, afirmó que es "decepcionante" e injusto".
