La Comisión Europea ha informado hoy de la apertura de un expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria "no cumplen los requisitos" que exige la normativa comunitaria.
Bruselas ve "deficiencias" en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo independiente bajo el organigrama del Ministeiror de Fomento creado a finales de 2017 para la investigación de siniestro ferroviarios en la Red Ferroviaria de Interés General, "analiza e investiga los accidentes e incidentes", según ha informado la institución comunitaria en un comunicado. El expediente de Bruselas no se fija en ningún accidente concreto, pero advierte de que las investigaciones abiertas por el CIAF no se ajuntan a los parámetros de la normativa comunitaria. En la actualidad, el CIAF tiene varias investigaciones en marcha, entre ellas el siniestro del O Porriño en septiembre de 2016, en el que descarriló un tren a la entrada de la localidad pontevedresa y dejó cuatro fallecidos: el maquinista, el interventor y dos pasajeros.
La Comisión Europea también ve problemas en "las técnicas de supervisión" por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), según recoge el comunicado sin dar más detalles de la infracción.
Proceso
La apertura del expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento -primer paso en el procedimiento de infracción-, que Bruselas ha remitido al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclare la situación y ofrezca datos claros de las medidas correctivas que haya puesto en marcha.
Si los servicios comunitarios no dieran por buenas las explicaciones de España, podrían pasar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado que da otros dos meses al Estado miembro para corregir el problema, periodo tras el cual la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
Fue la Comisión Europea la que le pidió a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés) que examinase la implementación en España de los elementos de la legislación ferroviaria de la Unión Europea.Víctimas del Alvia
La solicitud vino después de las dos demandas (una por incumplimiento de la normativa de seguridad y otra por publicidad engañosa) que la asociación de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) interpuso en la comisión de peticiones de la Eurocámara a finales de 2015 y de la posterior denuncia que presentó (en julio de 2017) la eurodiputada del BNG Ana Miranda, quien facilitó en todo momento los viajes de los afectados a Bruselas.
En febrero del año pasado, un equipo de la ERA estuvo en misión de auditoría en Madrid para recabar información. Visitaron la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el organismo notificado (Notified Body) Cetren, informa Europa Press. Entre otras cuestiones, estudiaron cómo Cetren realiza su cometido de verificar la interoperabilidad, conforme a normativa europea, de varias líneas, incluida la de Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro que en julio de 2013 se saldó con 80 muertos y 144 heridos.
Esta línea, pese a ser inaugurada en 2011, carecía del certificado europeo de interoperabilidad. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) no lo encargó hasta septiembre de 2016 y actualmente todavía no dispone de él.
En lo que respecta a la investigación de accidentes, Bruselas ya abrió un anterior expediente a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente, tras lo cual el Ejecutivo español modificó la norma en que se nombra a sus responsables.
