09 de febrero de 2019
09.02.2019

La Xunta gravará a los concellos con el canon del agua las fugas en la red de abastecimiento

Con esta medida se pretende empujar a los ayuntamientos a una gestión más eficiente de las traídas municipales - Las pérdidas superan el 27% del volumen captado

09.02.2019 | 00:57
Operarios en la reparación de la red de abastecimiento y saneamiento.

Algo más de la cuarta parte del agua destinada a consumo urbano que se distribuye por las redes de abastecimientos acaba en ninguna parte. Se escapa por las fugas que presentan la canalizaciones sin que llegue al grifo, lo cual constituye un nada desdeñable despilfarro. La Xunta quiere reducir su impacto y, en la nueva ley que prepara para afrontar las sequías, extenderá a los concellos la obligación de pagar el canon del agua -un impuesto autonómico que grava el consumo- por las pérdidas de agua que sufran en sus respectivas traídas, que conllevará un recargo cuando las fugas superen un determinado umbral. Se trata de un mecanismo de presión para empujar a los ayuntamientos a reparar las canalizaciones y tuberías. "El fin es incrementar la eficiencia en la gestión de las redes de abastecimiento", argumenta la Consellería de Infraestruturas, que desde la última remodelación de la Xunta lleva las competencias sobre el agua.

El canon ya lo pagan hogares, instituciones y la industria en función del consumo que realicen, siendo una parte fija y otra variable en proporción al volumen gastado. Pero las pérdidas registradas en las traídas no cuentan -hasta ahora- para este tributo. Según el INE, las deficiencias de la red provocaron en el año 2016 en Galicia que el 27,3% del agua destinada al abastecimiento se perdiera bajo tierra. Estas fugas equivalen al consumo de Madrid y Cataluña durante todo un mes.

Tal como se recoge en la ley de medidas para afrontar episodios de sequía -en fase de anteproyecto-, los concellos pagarán un canon fijo de 2,57 euros por mes más una parte variable de 29 céntimos por metro cúbico cuando las pérdidas superen el 20% de la capacidad de la red abastecimiento.

¿Y cómo se medirá? Pues la futura norma establece que los titulares -o sea, los ayuntamientos-, tendrán que instalar contadores homologados en los puntos de captación y en los puntos de suministro, para así calcular el volumen de agua que se fuga por las canalizaciones.

La ley también da un plazo para la instalación de estos contadores. Será de un año a contar desde su aprobación por el Parlamento gallego. Y también se establece una moratoria de dos años para la aplicación del canon a los concellos por las pérdidas de agua.

Pero las nuevas obligaciones de la administración local no se acaban. También tendrán que elaborar una auditoría, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, con el objeto de cuantificar las fugas y, en el mismo periodo, diseñar un plan de actuación con las obras destinadas a mitigar las pérdidas de agua. En caso de incumplimiento se expondrán a que Augas de Galicia le deniegue colaboración técnicas y, sobre todo, financiera.

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, entiende que hace falta una regulación para mejorar las redes de abastecimiento y garantizar el suministro ante episodios de sequía, pero censura que "una vez más" son los "técnicos" de la Xunta los que diseñan soluciones "a cargo de otros", en alusión a que serán los concellos los que asuman el gasto principal.

Añade que las canalizaciones se encuentran en un estado de conservación desigual y que no todos los concellos tienen fondos para renovarlas, sobre todo cuando se trata de pequeños municipios. Por eso, demanda plan de la Xunta para ayudar en la financiación de las obras.

El anteproyecto de ley también recoge un amplio marco legal que ampara las obras de emergencia, desde su tramitación administrativa hasta la ejecución en sí, cuando resulten necesarias para atajar problemas de suministro debido a la sequía.

Los trabajos que sean promovidos por Augas de Galicia podrán estar de exentos de proyecto de obra, se facilitará la expropiación por la vía de urgencia así como la ocupación de terrenos, no necesitarán licencia municipal ni acto de control preventivo a cargo de concello. "Una actuación clave es la agilidad en caso de sea necesario realizar una obra, tanto en los trámites expropiatorios como en otras tramitaciones administrativas", cuenta Infraestruturas.

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