Las víctimas del accidente del Alvia no se dan por satisfechas con el cierre de la instrucción que ha dejado como únicos acusados al maquinista, Francisco José Garzón, y el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. En su recurso de apelación, los afectados por el descarrilamiento del tren que dejó 80 pasajeros muertos y 144 heridos, reclaman a la Audiencia Provincial seguir el procedimiento contra el exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, y el gerente de Seguridad en la Circulación para el noroeste de Adif, Fernando Rebón.

El abogado de las víctimas reclama también la declaración como testigo/perito del exjefe de la unidad de Seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA por sus siglas en inglés), por "pertinente" y "relevante".

Respecto a Lanchares, el letrado Manuel Alonso Ferrezuelo entiende que "hubo dejación" al no evaluar los riesgos "ni en la puesta en marcha de la línea ni tras la desconexión del sistema ERTMS". Además, advierte de que Renfe no hizo "nada" para paliar la "deficiencia" cuando "una persona de su empresa con un cargo relevante" dio un aviso "de falta de seguridad", en alusión al jefe de maquinistas que avisó sobre la peligrosidad de la curva de A Grandeira, donde se produjo el descarrilamiento.

El juez mantuvo tanto en el auto de cierre de la instrucción con el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif como investigados como en el de rechazo de los recursos de las partes que la competencia de Lanchares se ceñía al material rodante y a la formación del maquinista.

"¿Por qué si Renfe no tiene ninguna competencia en seguridad en la circulación o en la línea o en la señalización o en cualquier tipo de medida de seguridad lleva personal en una línea nueva para comprobar esas circunstancias?", se pregunta el representante de las víctimas en su recurso. Y, de hecho, se remite al documento de gestión de riesgos de Renfe, que recoge entre las responsabilidades de la dirección al frente de la cual estaba Lanchares "realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos". "Es más que evidente su responsabilidad en los hechos investigados, por lo que debe mantenerse su imputación", asevera. También se basa el abogado en el informe de la ERA en la que apuntaba a "las empresas ferroviarias" como encargadas de "establecer un sistema de gestión de la seguridad para garantizar el funcionamiento seguro del sistema". Ve, así, "obligada" su imputación, también porque la desconexión del ERTMS embarcado, que se autorizó "en tiempo récord", supuso un "cambio significativo en la seguridad de la línea" tras el cual "no hubo un análisis de riesgo", informa Europa Press.

Sobre el gerente de Seguridad de Adif en el área noroeste, el letrado de la plataforma considera que "debería poner los medios adecuados en su zona de influencia para que se detecten estos riesgos". De hecho, se cuestiona "para qué" Renfe "crea una dirección de seguridad en la circulación si según ellos no tiene competencias en la evaluación del riesgo" y "por qué Adif tiene un gerente de seguridad en la circulación para el noroeste de España si supuestamente no tienen ninguna competencia en dicha materia".

Por último, el recurso apela a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva para reclamar que comparezca en sede judicial el exjefe de seguridad de la ERA, Cristopher Carr, quien sí declaró ante la comisión de investigación en el Congreso.

No le "vale" como propone el auto del instructor "proponerle para declarar en el acto del juicio oral", porque, según alerta, en ese momento "puede ser demasiado tarde".

Su testimonio, destaca, "podría ser determinante para aclarar la responsabilidad más que evidente del señor Lanchares en los hechos enjuiciados".