El anuncio de Sacyr el pasado 28 de febrero con la venta por 202 millones de euros de su 15,2% de Itínere a Corsair y al fondo holandés APG podría haber finiquitado la guerra por el control de la compañía encargada de la gestión de la Autopista del Atlántico, si no fuera porque el otro postor insiste en que tanto la una como los otros burlaron los vetos impuestos por la Corte de Arbitraje de Madrid a la operación. Globalvia no está dispuesta a tirar la toalla. Todo lo contrario. Ese mismo día dejó entrever que abriría un nuevo frente judicial al que ya tiene con el grupo presidido por Manuel Manrique por el supuesto incumplimiento del acuerdo que firmaron para cederle a ella el paquete de capital del que depende el poder en Itínere y el suculento negocio de la AP-9. Ese pacto, según Globalvia, incluye una indemnización de 150 millones a cargo de Sacyr si vende a otros, como sucedió, la participación. Por eso ayer rechazó los siete millones de euros que la compañía de construcción y servicios depositó ante notario como compensación.

La diferencia entre ambas cantidades es evidente y Globalvia sostiene que Sacyr está haciendo una interpretación "incorrecta" del contrato entre ambas, según la información recogida por la agencia Efe. La firma liderada por Juan Béjar reitera una vez más que la compensación es otra y que, en cualquier caso, aspira a que la Corte de Arbitraje anule definitivamente el traspaso de acciones entre Sacyr y la alianza de Corsair y APG para que sea ella la que se convierta en principal accionista de Itínere.

Ahora mismo solo controla el 40,1% del capital. Adquirió sus títulos a Abanca (23,81%) y Kutxabank (16,3%) fruto de ese acuerdo que tenía con los principales socios del holding de concesiones en el que se integra Audasa. En ese contrato estaba también Sacyr, que finalmente optó por vender a Itínere Investco, la sociedad instrumental auspiciada por APG y Corsair, que ya era el principal accionista antes de sumar el 5,69% comprado a Liberbank. Desde su entrada en Itínere, Corsair disponía de un derecho preferente de compra por los paquetes del resto de accionistas, que decidieron vender a Globalvia por la parálisis de la operación. La Corte de Arbitraje y un juzgado de lo Mercantil de Madrid deben decidir ahora cuál de los acuerdos es el válido.