La juez Pilar de Lara recibió el anunció de su próxima pérdida de destino tan solo dos días después de cerrar una de las macrocausas que recayeron en su juzgado hace ya diez años. La operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de la prostitución realizada en España,y que se saldó con solo cinco acusados.
Y de las nueve piezas de la Pokemon, que afecta a casi una veintena de ayuntamiento gallegos y salpicó también a comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, Murcia o Cataluña, tan solo se ha cerrado la instrucción de una de ellas: la que afecta al exconcejal socialista y expresidente de la Confederación Hidrográfica, Francisco Fernández Liñares, investigado por el cobro de comisiones ilegales y sobornos. El resto se han topado con disputas de competencias entre distintos juzgados, han acabado archivadas por la falta de pruebas o se fueron frenadas por instancias judiciales superiores al no encontrar causas objetivas contra los imputados.
En abril del año pasado, De Lara envió a la Audiencia Nacional una de las piezas principales de la Pokemon, la relacionada con las adjudicaciones del Grupo Vendex por toda España y en la que está incluida la rama coruñesa de la supuesta trama de tratos de favor entre empresas y distintas administraciones, la operación Pikachu. La orden de traslado se hizo con dos años de retraso „la juez ya se había inhibido en verano de 2015 en la trama de las adjudicaciones de Vendex„ y más de seis años después de que comenzara la instrucción.
El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo dio un varapalo judicial a Pilar de Lara en el caso Pokemon al devolverle la pieza de Aquagest que la juez pretendía derivar a la Audiencia Nacional.
