La desaparición de las cuotas lácteas que limitaba la producción de leche en los países de la Unión Europea (UE) cumplió el pasado lunes su cuarto aniversario y en Galicia dejó atrás más de 1.600 explotaciones „el 20% del total„ con una media de 400 cierres por año. Esta desregulación en el volumen de leche que producía cada estado aumentó la competencia y provocó un excedente de producto en el espacio comunitario; afianzó el desequilibrio entre los agentes de la cadena de producción en detrimento de los productores debido a que las industrias ya no estaban obligadas a comprar la leche a quien tenían cuotas y podían escoger; y, por tanto, los ganaderos perdieron la seguridad en la venta de su leche que antes sí tenían garantizada. Esas son algunas de las consecuencias de la liberalización del mercado lácteo en abril de 2015 que recogen el economista y exconselleiro de Agricultura, Francisco Sineiro y su compañero Jorge Santiso, en su estudio Producción e xestión do mercado sen cotas. En este texto alertan también de la excesiva dependencia de la evolución internacional y su influencia en la variación de los precios. Esta situación „aclara„ya se daba desde 2007 y se agudizó con la eliminación de los cupos hace cinco años. De ahí que, entre 2015 y 2016 se produjese una de las mayores crisis del sector con tarifas hasta un 20% por debajo del coste de producción en Galicia, al cobrar los productores en algunos meses menos de 28 céntimos por litro. Antes, ya habían sufrido crisis similares en 2012, 2009, 2005 y 1999 que también desembocaron en protestas y tractoradas. Pese a la recuperación entre 2017 y el año pasado, los expertos avisan de que la alternancia de periodos de recesión y recuperación seguirán en el futuro mientras el precio de la leche en la UE siga determinado por el mercado internacional.

A esta situación se llegó „afirman„ debido a "unas previsiones erróneas" sobre un aumento del consumo de leche que no se cumplieron. Tampoco se acertó con el repunte de la producción, que creció hasta los 14 millones de toneladas entre 2013 y 2017 frente a los 5,5 millones previstos y de los que solo se exportó un tercio. Las consecuencias: un aumento de stock y la caída de precios que, insisten, pueden repetirse por la "fragilidad" del mercado. En cuanto a Galicia, en la última década se incrementó en medio millón de toneladas la leche que se ordeña en la comunidad. Y respecto a 2015, cuando se terminó el sistema de cupos, la producción se elevó en un 3% hasta los 2,3 millones de toneladas registrados el pasado enero, último mes del que publicó datos el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). En estos cuatro años sin cuotas, las tarifas se han recuperado en un 20% „de 28 a los 33 céntimos„ pero a costa de que el sector sufriese en 2015 una de sus peores crisis. En el camino se han quedado 1.618 explotaciones y, en la actualidad, son 7.866 ganaderos los que realizan entregas a la industria, un 20% menos que los 9.500 de 2015.

Pese a la sucesión de épocas de vacas flacas, Sineiro y Santiso advierten de que las medidas especiales que se tomaron por ejemplo en la crisis de 2015 no impidieron la caída de los precios hasta los 26 céntimos por litro. Recuerdan que ni la compra de hasta 380.000 toneladas de leche en polvo en stock, ni los 425 millones de euros de ayudas excepcionales ni las subvenciones de 150 millones con la que incentivar la reducción voluntaria de producción y retirar un millón de toneladas fueron efectivas debido a "una gestión ineficiente". Los expertos aluden a que en este caso la retirada de la producción se retrasó y se aplicó cuando la situación se había agravado. Por tanto, son pesimistas de cara a posibles crisis futuras por las dificultades de anticiparse porque sus causas son "impredecibles", a lo que se une a la falta de medidas de prevención y actuación rápida cuando se producen.

Tampoco ven que el paquete lácteo aprobado por el Gobierno central del PP en 2015 sirviese para reforzar la posición de los productores en la cadena alimentaria frente a la industria y la distribución. Consideran que en comunidades como Galicia con poco peso de las organizaciones de productores es complicado aplicar medidas como los contratos referenciados y, por ello, instan a poner en marcha otras iniciativas que "no se limiten a una aplicación voluntaria". En esta línea, el actual Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez aprobó el mes pasado una rectificación que obligará a firmar los contratos por un mínimo de dos años prorrogables, un año más que en la anterior norma. Para cambiar el contexto actual, en el informe se propone apostar por contratos negociados entre los productores y las industrias, lo que requiere "una mayor participación de los ganaderos en todo el proceso tanto de fabricación como de comercialización".