Las asociaciones representativas del sector del mar y la industria mantuvieron esta semana reuniones con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para analizar las repercusiones de la reforma del Reglamento General de Costas. El objetivo de los encuentros fue trasladar la preocupación del sector a la Xunta y evaluar las consecuencias de una eventual aprobación de dicho reglamento para las empresas que desarrollan su actividad en el litoral, informa la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar).

En la reunión, de carácter técnico, estuvieron presentes las asociaciones Agade, Anfaco-Cecopesca, Apromar, representantes del sector mejillonero a través de la Mesa do Mexillón y del sector extractivo. Con la modificación de la normativa, advierten, está en juego "el futuro inmediato de las concesiones y el impacto económico en el sector productivo y transformador gallego".

Las industrias pesqueras, recuerdan en el comunicado, subrayan que dicha reforma no supondrá mejoras en el "de por sí suficiente control de la huella ambiental de estas actividades". Según indican, la responsable autonómica de Mar, Rosa Quintana, les trasladó que el reglamento afecta a más de un centenar de empresas gallegas entre las que figuran conserveras, instalaciones de acuicultura, depuradoras y cocederos de moluscos. También repercute en más de 1.100 parques de cultivo de Carril y a un conjunto de otras 5.000 instalaciones situadas en dominio público-terrestre.

Tanto el Ejecutivo gallego como la industria coinciden en que la modificación en el criterio de contabilización de las prórrogas supondrá modificaciones tales como la reducción efectiva de las concesiones de ocupación.

Como ya explicaron los representantes del sector en una comparecencia conjunta la semana pasada, la prórroga de las concesiones solicitadas por las industrias se están contabilizando desde la fecha del inicio de la concesión y no desde la solicitud de dicha prórroga.

Esto supone pasar de un horizonte de trabajo de 30 años a otro de 10 en muchos de los casos, según explicaron entonces las industrias, por lo que califican en su nuevo comunicado de "un novedoso criterio de cómputo que resta de la prórroga los años ya disfrutados desde que se otorgó la concesión".