La Xunta defendió ayer "el rigor y la corrección" del plan de transporte, después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia decretase su suspensión de forma cautelar a petición de las patronales del sector. En un comunicado, la Consellería de Infraestruturas sostiene la "absoluta corrección jurídica" de la licitación en curso y garantiza que "se mantiene invariable el cronograma que prevé que los nuevos contratos de transporte empiecen a funcionar el próximo mes de agosto".
Además, remarca que es preferible no avanzar en la licitación mientras el tribunal no se pronuncie sobre el recurso anunciado por las patronales del transporte.
Por ello, el Gobierno gallego explica que no argumentó contra la suspensión para que existan "plenas garantías jurídicas". El Gobierno gallego no presentó ante el Tribunal argumentación contraria a la paralización cautelar del procedimiento solicitada por las federaciones de transporte, pues su objetivo, asegura, es avanzar en el procedimiento contando con plenas garantías jurídicas y evitando la inseguridad y el posible perjuicio a los licitadores y al servicio público.
Aval
La Xunta también recuerda que cuenta con el aval del pronunciamiento a su favor del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ante un recurso similar presentado por las federaciones de transporte en 2017.
El Ejecutivo gallego aprobó recientemente la licitación de los 100 primeros contratos „para entrar en funcionamiento en agosto„ de transporte público que operarán en Galicia durante la próxima década en el marco de la última fase de su plan, que incluirán 50 contratos más que saldrán a información pública en junio.
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia acordó el jueves suspender de forma cautelar el plan de transporte a petición de cuatro patronales del sector.
El Tribunal estimó así de forma provisional la petición de cuatro federaciones de transporte de viajeros „Anetra, Fegabús, Fegatravi y Transgacar„ que detectaron en los pliegos de los contratos, según justifican en su petición, "posibles deficiencias" que serían perjudiciales para sus intereses económicos basadas en la prestación del servicio.
El Consello de la Xunta había aprobado esta licitación a principios de abril con un plan que debía poner en marcha desde este verano 100 contratos de explotación para 1.917 líneas de autobús en toda Galicia.
El plan implicaba también la extensión del autobús compartido, en 1.438 líneas escolares, y el transporte bajo demanda, para otras 1.038 líneas.
Es un procedimiento que implicaría más de 1.000 autobuses, 1.113 conductores y 900 acompañante en las rutas escolares.
Ese centenar de contratos suponen un volumen de negocio de unos 630 millones, de los cuales 500 provienen de las arcas de la comunidad.
