La división de la propiedad en el rural y la incapacidad para identificar a los dueños de miles y miles de fincas constituyen un doble riesgo. Por un lado, dificultan la limpieza de maleza para evitar los incendios forestales. Por otro, lastran la rentabilidad de las tierras. Por ello, la Xunta pidió el verano pasado al Catastro que revisase sus archivos sobre las parcelas rústicas para conseguir poner nombre a cada finca. El plan de objetivos de esta Dirección General del Ministerio de Hacienda al menos señala los terrenos dedicados a cultivos como una prioridad. Aun así, el Ejecutivo gallego ya actuó ante esta peculiaridad derivada del minifundismo y blindó legalmente su acceso a terrenos sin dueño conocido o localizado para acometer tareas de desbroce ante el riesgo de incendios. También reguló su incorporación al Banco de Terras para tratar de que generasen recursos en lugar de estar sin uso alguno.
