La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a tres años de prisión a un funcionario, F.J.M.B., por cobrar por la tramitación de permisos de residencia en la ciudad del Lérez en 2016, así como a abonar una sanción de 5.400 euros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), también recoge que deberá indemnizar con 150 y 50 euros a dos mujeres a las que cobró por el servicio, que se encontraba dentro de sus funciones.
Así, se ha condenado por un delito continuado de soborno a este hombre, que trabajaba en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, y se le ha inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante siete años.
La Fiscalía había demandado penas que sumaban ocho años de prisión y dos sanciones que sumaban 9.600 euros, además de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de cohecho continuado y falsedad en el documento oficial. También había exigido la devolución del dinero cobrado por el servicio.
En concreto, en el año 2016 inició, tramitó y finalizó cuatro expedientes de residencia, algunos de larga duración y otros de residencia temporal inicial, por los que no debía haber percibido remuneración.
Así, por el servicio, demandó un "regalito" a una mujer, que le entregó 50 euros, además de realizar cambios en la fecha de su solicitud de autorización.
Mientras, a otra mujer le indicó que debía entregarle "algo", así que ella acudió a la Subdelegación con 200 euros. No obstante, no se los entregó al condenado dado que fue atendida por otra funcionaria, por lo que él le llamó la atención. Asimismo, a una tercera afectada le pidió 150 euros, que ella le entregó en la calle y la oficina.
