La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha alertado de que las industrias lácteas intentarán repercutir a los ganaderos la multa de 80 millones de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) por intercambiar información para influir en los precios a pagar a los ganaderos por su leche. Los gallegos, los más numerosos a nivel nacional, serían los más perjudicados por esta práctica. Galicia agrupa a casi el 60% de los productores de leche de todo el país, por lo que todas las empresas implicadas compran en mayor o menor medida leche a Galicia. La comunidad, además, está en el furgón de cola en España y Europa por los bajos precios que perciben los ganaderos.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos manifestó los "sentimientos encontrados" que genera entre los productores de leche esta multa. Mientras que por un lado muestran su satisfacción al considerar que "siempre es agradable tener razón", por otro confiesan su temor a que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a los ganaderos.
La multa se dirige a las empresas Calidad Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica). También participaron en estas conductas Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, aunque su infracción ha prescrito, pues el periodo analizado y sancionado es entre 2000 y 2013.
Capsa, Danone, Lactalis, Puleva, Calidad Pascual y Nestlé recurrirán la sanción de Competencia. Fuentes oficiales de las cinco compañías „Puleva pertenece al grupo Lactalis„ confirmaron que presentarán recurso ante la Audiencia Nacional, que ya estimó parcialmente una de sus demandas en 2018 por "defectos'de forma.
UPA considera que ha quedado "de sobra demostrado" que todas las empresas lácteas de España se ponían de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos. Mientras las empresas "usan a sus ganaderos" en campañas de publicidad para blanquear su imagen, "por detrás nos dan puñaladas traperas" señalan desde la organización agraria.
De esta forma, la organización ha solicitado que tanto Competencia, como el Ministerio de Agricultura „en especial la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)„ "vigilen ahora muy de cerca al cártel lácteo" para que no repercutan la multa en los más débiles: los ganaderos y ganaderas, o incluso los consumidores.
UPA ha exigido a las empresas "que se dejen de recursos" y asuman la multa, al tiempo que propone que este importe se destine íntegramente a ayudar al sector ganadero en la situación de "crisis profunda" en la que se encuentra, así como a luchar contra la despoblación.
La organización ha recordado que aún hoy la situación de precios hundidos en origen, de dependencia extrema de los ganaderos a las industrias y de falta de poder negociador del primer eslabón son "una realidad dramática", que provoca un goteo continuo de cierre de granjas. Así, 840 granjas de vacuno de leche han cerrado en España en el último año.
La decisión de la Audiencia Nacional, de estimar parcialmente una de las demandas de las empresas en 2018 por "defectos" de forma, llevó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a revisar el procedimiento para cumplir con la sentencia, en la que el tribunal ordenaba retrotraer el proceso hasta abril de 2014.
