22 de agosto de 2019
22.08.2019
La Opinión de A Coruña

La Xunta de Galicia no descarta llevar al Gobierno a los tribunales para cobrar los 700 millones de deuda

Tras anunciar Cataluña un recurso judicial, Galicia urge "una solución global e inmediata"

21.08.2019 | 21:53

Galicia fue la primera comunidad en alertar de que el Gobierno tenía pendientes pagos a las comunidades por 4.500 millones de euros, y a la Xunta en concreto por 700 millones. Y Cataluña ayer se adelantó al Ejecutivo de Feijóo en la ofensiva para lograr el abono de esta factura millonaria, que en su caso asciende a 1.300 millones de euros. Anunció que irá a los tribunales, por la vía del contencioso-administrativo, para que el Gobierno de Pedro Sánchez libere los pagos. La Generalitat, pendiente de la sentencia del procés, decide judicializar este problema económico y político, pero la Xunta, preguntada ayer al respecto, no se plantea por el momento esta opción, eso sí, no la descarta.

"El Gobierno gallego no renuncia a ninguna vía para hacer efectivo el ejercicio de sus derechos en defensa de los intereses de todos los gallegos y gallegas". Así contestaba ayer la Consellería de Facenda a preguntas de este periódico sobre la invitación de Cataluña a que otras comunidades sigan su estela y se sumen al recurso que ya prevé aprobar el próximo martes en la reunión del Ejecutivo autonómico. "Iremos hasta el final", aseveró el vicepresidente económico, Pere Aragonès, para poner fin a la "situación de asfixia financiera" en la que se encuentra la Generalitat por culpa del Gobierno central.

Por el momento, la Xunta "urge" al Ejecutivo del PSOE a "transferir" los 700 millones que le adeuda: 330 millones de las entregas a cuenta pendientes de la financiación autonómica, 200 millones de una mensualidad del IVA de 2017 y otros 170 millones de incentivos por cumplir las reglas de estabilidad financiera.

La Consellería de Facenda denuncia "un problema sin precedentes" porque la Xunta contaba ya con 530 millones este año y los incluyó en los presupuestos de este ejercicio, y ahora se encuentra que no puede disponer de un dinero que es suyo, y no sabe cuando llegará a sus manos. Por lo pronto, ya ha abierto una línea de crédito para tener liquidez, pero no ha descartado tener que acometer recortes y que el pago a los proveedores pueda demorarse. "Son nuestros fondos y los precisamos ya para seguir financiando los servicios públicos más importantes para los ciudadanos, la educación y los servicios sociales", exigía ayer el departamento que dirige Valeriano Martínez.

La Xunta reclama "una solución global e inmediata" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, pero ¿por qué Madrid no libera esa fondos? Defiende que al estar el Ejecutivo en funciones y con el presupuesto prorrogado no puede.

Cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue interpelada por la polémica que Galicia sacó a la luz aseguró que un informe de la Abogacía del Estado establecía que solo se podría transferir a las comunidades autónomas las cantidades retenidas en el momento en el que pudiera conformarse un nuevo Gobierno, pues estando en funciones no puede comprometer gasto para el Ejecutivo que llegue después.

Las comunidades no terminan de creérselo y sostienen que si hubiera voluntad política se encontrarían fórmulas para que el dinero llegara a las arcas de las comunidades. También interpretaron las declaraciones de Montero como un intento de presión para resolver la falta de acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

Para Cataluña, por ejemplo, al retener los fondos autonómicos, el Gobierno de Pedro Sánchez puede cuadrar así sus cuentas y asegurar que "la administración general del Estado va muy bien y que las comunidades autónomas van muy mal".

Galicia y Cataluña no son las únicas comunidades que han exigido el cobro del dinero prometido y previsto. Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura y Andalucía también han alzado su voz, para en mayor o menor intensidad, exigir el abono de la deuda pendiente.

Tras el anuncio de Cataluña de trasladar la polémica a los tribunales, la Xunta pedía ayer al Gobierno central "ejercer su responsabilidad de gobernar y transferir de manera urgente a las comunidades unos fondos que ya están recaudados y en su poder para no comprometer el normal funcionamiento de los servicios públicos".

La Consellería de Facenda también recuerda que en su demanda no está sola: "En Galicia existe consenso político al respecto. De hecho, el Parlamento gallego aprobó en julio solicitar al Gobierno central que pague a Galicia los 700 millones que le deuda". La iniciativa fue aprobada con los votos de PP, En Marea, BNG y Grupo Mixto. Los socialistas gallegos se abstuvieron.

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