Después del estropicio generado por la decisión inicial del Supremo de cargar a la banca el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el principal desembolso en la formalización de las hipotecas, y la rectificación posterior del mismo tribunal por la supuesta "enorme repercusión económica y social" que conllevaba el giro jurisprudencial, el Gobierno decidió llevar adelante una reforma legal para dejar sin efecto la marcha atrás en el reparto de gastos y liberar definitivamente al cliente del abono del tributo.
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