Colas delante de inmobiliarias en busca de un piso, barrios con apenas media docena de alquileres disponibles, precios en zonas próximas al centro por las nubes y lugares donde el único arrendamiento posible es el de viviendas turísticas. Basta echar un vistazo a Internet o acudir a una agencia para comprobar la cada vez más escasa oferta que hay por toda la geografía gallega. Y ya que se ajuste al bolsillo del inquilino resulta una misión casi imposible. Es la radiografía del mercado inmobiliario en la comunidad, con más de 300.000 viviendas vacías y poco más de 3.500 con el cartel de Se alquila. En las siete ciudades hay casi 90.000 pisos desocupados (el 30% del total en Galicia) y apenas 2.300 disponibles para arrendar (el 20%), según datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) a 1 de noviembre.
A Coruña y Vigo son las urbes con más pisos vacíos, casi 19.300 y 18.600, respectivamente. Pero quienes estén pensando en mudarse, tendrán bastante complicado alquilar un inmueble: en la ciudad herculina tan solo hay 700 disponibles y en Vigo, 660. La oferta de alquileres en el resto de ciudades gallegas se queda muy por debajo de estas cifra: 250 en Ourense, 200 en Ferrol, 150 en Lugo, y 140 tanto en Pontevedra como en Santiago. Y aquellos que se planteen comprar una vivienda a estrenar tampoco tendrán mucho donde escoger.
El stock de obra nueva en venta en Galicia es de apenas 22.000 viviendas, Vigo oferta el mayor volumen: 180. Le sigue A Coruña, con 120 y Pontevedra, con 80. Cierran la tabla, Santiago (65), Ferrol y Lugo (50) y, finalmente, Ourense (40).
Dos son los factores fundamentales que han retraído el mercado de la vivienda en alquiler durante el último año. Por un lado la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ha llevado a muchos propietarios a optar por dejar su piso vacío en lugar de arrendarlo al no verse amparados frente al inquilino en el caso de impagos. Y por otro, el boom de los pisos turísticos, que ha provocado el trasvase de cientos de inmuebles al arrendamiento vacacional por su mayor rentabilidad. Este cóctel se ha traducido en una caída de la oferta en solo un año del 20% y en un repunte de los precios entre un 5 y un 8%.
Para tratar de revertir el declive del mercado inmobiliario, la patronal gallega propone una treintena de medidas que pasan por una normativa estatal, con rango de ley, que regule la vivienda. "Se han aprobado leyes con una improvisación absoluta, con equilibrios y réditos políticos que ahora el propio mercado de la vivienda penaliza", advierte el presidente de Fegein, Benito Iglesias.
Propuestas
En materia de alquiler, el sector reclama el aumento de parque de viviendas, incentivos a los propietarios "evitando políticas y legislación tendente a la vulneración del derecho a la propiedad privada"; así como consolidar un mercado del alquiler que salvaguarde "de manera equilibrada" los intereses de propietarios e inquilinos y aumentar las deducciones fiscales para arrendadores y arrendatarios.
Los empresarios rechazan el establecimiento de precios de referencia del alquiler o limitaciones de tarifas: "Es contrario a la ley de la oferta y la demanda y al concepto de propiedad". La reactivación del sector en el mercado de la vivienda nueva pasa, a juicio de la patronal, por no condicionar la construcción al stock. "Debería determinarse en función de la necesidad de creación de hogares", defienden desde Fegein.
Ante las propuestas de gravar los inmuebles vacíos, la patronal es tajante: el derecho a la vivienda digna no puede menoscabar el de la propiedad privada. Y por ello, el sector dice no a "cualquier medida de naturaleza expropiatoria, de control de precios o relativas a la imposición de sanciones a viviendas vacías". Además, reclaman a las administraciones que hagan un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible" y proceder a su "desbloqueo". Los empresarios del sector también urgen la modificación de los parámetros de limitación de viviendas por habitante. "Los parámetros de densidad clásicos ya no son válidos en la coyuntura actual; la superficie construida debería evolucionar hacia la superficie útil habitable", reclaman.
En la lista de medidas que demanda el sector también figuran: agilizar los plazos de concesión de licencias (30 días de máximo), sustituir la licencia de primera ocupación por la declaración responsable, aumentar los presupuestos para la promoción de vivienda protegida, incrementar el precio básico nacional para ajustarlo a los costes de producción actuales o unificar en un marco general las leyes de suelo nacional y autonómicas con el objetivo de evitar disparidad en los desarrollos normativos que se realicen.
