"Si España quiere ser una democracia plena, debe sacar a los represaliados de las cunetas"

Hace 15 años cuestionaba que España era el único país que no tenía un censo de deportados. ¿En qué se ha avanzado desde entonces, y, lo más importante, qué queda por hacer por las víctimas del Holocausto?

Mi madre, en los años 80, con muy pocos medios y ayuda, fue pionera en elaborar un esbozo de censo de gallegos muertos en campos de concentración nazis, principalmente en el de Gusen (anexo de Mauthausen). Sirve de ejemplo una lista que elaboró, de tres páginas mecanografiadas, ampliada y corregida de su propio puño y letra. Desde entonces se ha avanzado. El Ministerio de Cultura dispone de un buscador de republicanos españoles deportados a campos nazis de 1940 a 1945 con registros sobre las personas que se sabe que fueron deportadas. Por otra parte, en agosto de 2019, la magistrada-juez encargada del Registro Civil Central ha publicado en el BOE un edicto que recoge los nombres de 4.427 españoles (de los cuales ocho mujeres) que murieron en Mauthausen y de Gusen, paso previo para que sean inscritos como fallecidos en el Registro Civil Central, ya que aún no han adquirido esta condición. Es insuficiente. Falta recoger el nombre de los españoles muertos en otros campos de concentración.

¿Cuántos españoles estuvieron en campos nazis?

De los que hay constancia documental, 9.328. De ellos murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y figuran como desaparecidos 334. Estos datos representan una tasa de mortalidad del 59%. El Consejo de Ministros, en abril de 2019, aprobó la instauración del día 5 de mayo como el día del homenaje a los españoles deportados fallecidos y a todas las víctimas del nazismo en España.

Su madre fue delegada de la Amical de Mauthausen y otros campos en Galicia desde 1981 hasta que falleció en 1986. ¿Qué tres principales reivindicaciones cree que haría a día de hoy?

Mi madre, al igual que otros compañeros de combate, recibió el reconocimiento del Estado francés. Le otorgaron las máximas condecoraciones civiles y militares francesas, pero el Estado español no le ha concedido ninguna. Hasta esta fecha España reservaba los honores para los golpistas del 36 y para torturadores. Es preciso homenajear a todas las víctimas del franquismo. La segunda reivindicación sería sin duda feminista: a nivel nacional, escasos son los historiadores y los medios de comunicación que se interesan por la lucha antifascista femenina. Hay que subrayar que, junto a Mercedes, fueron más de 170 las mujeres españolas recluidas en Ravensbrück. Transmitir la memoria fue la razón por la cual mi madre escribió sus memorias y daba charlas en los institutos de Galicia y Cataluña. Es lamentable, después de 40 años de democracia, constatar el desconocimiento abismal que tiene nuestra sociedad entorno a su historia contemporánea. La juventud europea conoce mejor la historia reciente de España que nuestra propia juventud. En resumen, hoy en día, mi madre estaría a favor de que se juzgaran los crímenes del franquismo, estaría apoyando la querella argentina contra los crímenes de la dictadura y militaría contra la impunidad. Estaría presente en las manifestaciones para pedir "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". También pediría que se retiren los símbolos franquistas y sus nombres en los espacios públicos del Estado.

¿Siente que se ha resarcido y recuperado por parte del Estado la memoria de las víctimas?

No se ha resarcido ni recuperado lo suficiente por parte del Estado la memoria de las víctimas. Sigue habiendo más de 114.000 hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes y cunetas, sin haber sido identificados y enterrados dignamente por sus familias. Si España quiere ser una democracia plena, no puede dejar en las cunetas los que lucharon contra el fascismo. Es una cuestión de salud democrática. También es preciso exigir la nulidad de los actos jurídicos del franquismo, como son los juicios sumarísimos, las condenas por tribunales ilegales y otras sanciones punitivas, que podemos considerar, en términos de derecho internacional, ilegítimos por su origen e insalvablemente ilegales, pues muchas condenas eran por "auxilio a la rebelión", aunque los rebeldes eran ellos.

Y la Justicia, ¿qué papel cree que ha jugado a la hora de dictar sentencia?

Ante la indefensión en que se hallan frente a la sede judicial española las víctimas, numerosas organizaciones humanitarias españolas y argentinas junto con el Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron el 14 de abril de 2010 en los juzgados de Buenos Aires una querella criminal por la comisión de delitos de genocidio y/o de lesa humanidad durante el franquismo. Es la conocida como querella argentina. Según la jueza al frente de esa causa, María Servini, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Con este contundente argumento, esta querella tiene la intención de juzgar a los actores de las torturas y crímenes cometidos en la guerra de España y el franquismo. La jueza dictó una orden de detención internacional contra varios torturadores franquistas, cosa que el Estado español evitó.

¿España ya no solo no investiga sino que pone piedras en el camino?

España se ha dedicado a torpedear las investigaciones. En 2014 impidió que se llevara a cabo una videoconferencia en la que Servini pretendía tomar declaración a varias víctimas de la represión franquista, y que iba a tener lugar en la embajada argentina en Madrid. En 2013 y 2014, la jueza emitió una orden de extradición de 19 ciudadanos españoles acusados de torturas durante la dictadura que fue devuelta. El Relator Especial de la ONU, Fabián Salvioli, que asume esas funciones desde el 1 de mayo de 2018, también dice que los crímenes de lesa humanidad no prescriben e insiste en la necesidad de anular los juicios del franquismo y la desaparición de la Ley de Amnistía de 1977.