Salvamento Marítimo percibirá algo más de 1,2 millones de euros por el despliegue de medios utilizados en la ría de Ares durante el embarrancamiento del buque quimiquero Blue Star el pasado noviembre . El Gobierno facilitó el importe de la factura, como respuesta a una pregunta escrita presentada el pasado mes de diciembre en el Congreso por el diputado del BNG, Néstor Rego.

El nacionalista quería saber qué cantidades económicas percibirá del armador la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) por los servicios prestados durante los 18 días que el buque, de pabellón maltés, permaneció varado en la zona rocosa de As Mirandas, en el Concello de Ares. En su respuesta, el Ejecutivo central especifica que los "servicios prestados" por Salvamento Marítimo, con atención a la orden ministerial que regula las tarifas de esa entidad, ascendió a 1.205.454 euros.

El documento recuerda que están "excluidas de tarificación las actuaciones que constituyan prestación del servicio público de salvamento de la vida humana en el mar". Señala, asimismo, que la Ley de Contaminación Marítima regula "la responsabilidad civil en caso de contaminación y el principio de quien contamina, paga", en relación con los gastos en los que se pueda incurrir para "evitar o minimizar las consecuencias medioambientales de una contaminación marina". Con estas palabras, el Gobierno aclara la segunda parte de la pregunta que le dirigió el BNG en la que le interpelaba acerca de si a la vista de los antecedentes consideraba que "este sistema, que cobra tarifas por salvar vidas humanas o por evitar episodios de contaminación marina" es adecuado.

A criterio de Néstor Rego, el régimen tarifario "está en relación directa con la privatización de medios en los servicios de rescate, pues provoca que las embarcaciones en situación de emergencia demoren la activación de sus alarmas de socorro", al considerar, tal y como expuso en su pregunta, que "les supondrá un costo económico especialmente gravoso, con independencia de las responsabilidades legales que las empresas armadoras o sus asegurados deban asumir".