Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 las constructoras comenzaron a poner sobre la mesa de las distintas administraciones ofertas a la baja para así poder hacerse con los contados proyectos sacados a concurso. La crisis obligó a Estado, Xunta, diputaciones y ayuntamientos a meter un tijeretazo a la inversión pública. ¿Las consecuencias? Con un pastel cada vez más escaso, se abrió una guerra de ofertas entre empresas para hacerse con el codiciado bocado de la obra pública. En muchos proyectos, las rebajas finalmente aprobadas resultaban inasumibles claramente por debajo de costes. Con el estallido del boom de la construcción, las ofertas a la baja que hasta entonces eran puntuales y en porcentajes que se ajustaban a la equidad calidad-precio, se volvieron exageradas y habituales en todas las administraciones.
Las empresas que incurren en esta pugna económica asumen grandes riesgos, principalmente, la merma de la rentabilidad, al operar con unas tarifas que no cubren ni siquiera su estructura de costes. Además de dañar a su propio negocio esta práctica tiene un impacto negativo en todo el sector. Aunque finalmente las empresas reduzcan costes, bajada de precios, reducción de plantilla... hay determinados gastos fijos que deben cubrir con la facturación actual, puesto que en el caso de trabajar a pérdidas, el futuro de la compañía está abocado a la quiebra.
