01 de agosto de 2020
01.08.2020
La Opinión de A Coruña

La Fiscalía estrecha el cerco a los concellos con riesgo de incendios sin planes de prevención

Por tercer año, el fiscal de Medio Ambiente remite un oficio para recordar la obligatoriedad de los protocolos y advierte de que su carencia puede derivar en una investigación penal

01.08.2020 | 00:41
Una avioneta en la extinción del incendio en Cualedro.

Tres años después de que la Fiscalía de Medio Ambiente apremiase a los ayuntamientos con alta actividad incendiaria a implantar su propio plan de prevención, que es obligatorio para todos los municipios con suelo forestal, todavía hoy son muchos los que tienen los deberes pendientes. Antes del arranque de la campaña de riesgo el pasado 1 de julio, el Ministerio público remitió una nueva circular para que los concellos, en especial aquellos en riesgo por el elevado número de fuegos que amenazan cada año su territorio, agilicen sus protocolos antiincendios, que incluyen el diseño de las infraestructuras necesarias para evitarlos o para minimizar su impacto en caso de que se produzcan.

El encargado de remitir el oficio a los fiscales delegados de todas las provincias españolas fue el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en el que les comunica el comienzo de la campaña anual para la prevención de los incendios y recuerda las pautas de actuación que deben llevarse a cabo. Vercher advierte de que se debe acentuar la vigilancia sobre la existencia de los planes de prevención de incendios en aquellas localidades que tengan superficies forestales en sus términos municipales, en especial en aquellas zonas sensibles.

En concreto, el año pasado fueron un total de 63 los ayuntamientos gallegos que recibieron un requerimiento del fiscal de Medio Ambiente (34 de la provincia de A Coruña y los 29 restantes de Pontevedra) en el que se solicitaba información sobre sus planes municipales de prevención de incendios. Junto a los concellos gallegos, entre los que estaban las ciudades de, A Coruña, Vigo Santiago, Pontevedra y Ferrol, fueron apercibidos otros 88 ayuntamientos de otras cuatro comunidades. En la comunicación, el Ministerio público les advertía de que podían ser investigados penalmente si no adoptaban medidas preventivas. La intervención se valoraría en caso de que su ausencia contribuya de forma decisiva a la propagación de las llamas. En todo caso, no sería una acción genérica, sino que estaría vinculada siempre a una investigación penal iniciada por un incendio concreto.

Ya en 2016, el Ministerio fiscal ya había puesto en el punto de mira a los ayuntamientos gallegos alertando de la falta de planes locales de emergencia ante los incendios forestales. En la memoria anual de entonces, la Fiscalía de Medio Ambiente destacaba la amenaza de las llamas en la comunidad por su proximidad a las viviendas, urbanizaciones o núcleos urbanos cerca de zona forestal; y, en consecuencia", alertaba del "alto riesgo" de que el fuego afectase a la población o a infraestructuras vitales. Por ello, remarcaba que los servicios de extinción "han de dar prioridad a la seguridad de las personas, la evacuación o la protección de bienes o infraestructuras". "Sin embargo, lamentablemente muchos de los municipios no tienen elaborados los planes locales de emergencia en los que se insertan los de autoprotección", cuestionaba Fiscalía.

Por otra parte, en el escrito remitido por Vercher a los fiscales delegados también los emplaza a realizar un control de vertederos, líneas eléctricas, líneas de ferrocarril, zonas recreativas, e incluso campamentos situados en terrenos forestales que impliquen riesgo de incendio forestal. Se comunicará a los titulares -públicos o privados-, de estas actividades que deben adoptar las medidas procedentes para evitar incendios en estas zonas sensibles. Las distintas actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Medio Ambiente permiten la clausura de una media de 300 vertederos en todo el país, unos puntos que tanto por los escombros que ahí se almacenan como por la presencia de vidrios o cristales que pueden provocar un incendio o agravar su alcance.

En Galicia, el estallido de la pandemia del Covid-19, dejó en el aire el nombramiento de un nuevo fiscal delegado de Medio Ambiente tras la marcha de Álvaro García-Ortiz como número dos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a finales del pasado mes de febrero. Ya levantado el estado de alarma, el Ministerio fiscal retomará la agenda de asuntos pendientes, entre ellos la designación de un responsable en materia forestal en la comunidad gallega.

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