Tras semanas de negociaciones, cuatro reuniones aplazadas de la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otras cuatro propuestas del Ministerio de Hacienda, los ayuntamientos españoles aprobaron ayer, no sin controversia, la cesión voluntaria de sus remanentes -ahorros que se estiman en más de 14.000 millones de euros- a las arcas del Estado para así poder gastar el superávit y destinarlo a financiar el plan de reconstrucción tras la crisis sanitaria. El Gobierno les devolverá el dinero en diez años a partir de 2022 y además, como compensación, les entregará a fondo perdido otros 5.000 millones.

Como era previsible, la votación fue reñida. El documento de Hacienda se aprobó por la mínima, rompiendo el tradicional consenso que opera en todas las decisiones de la FEMP. El PSOE fue el único que votó a favor, sumando doce votos. El mismo número que obtuvieron los que rechazaron la propuesta -PP, Ciudadanos y JuntsxCat-, mientras que IU-Podemos, con un único vocal, se abstuvo. Por tanto, fue el voto de calidad del presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, el que rompió el empate, permitiendo así salir adelante la iniciativa de Hacienda.

Como el PSOE solo no podía aprobar el documento, las negociaciones de última hora estuvieron enfocadas a sortear el veto de IU-Podemos. Las mejoras no le convencieron del todo, pero se consiguió al menos su abstención al entender que se produjeron avances, que aunque resultan insuficientes para dar el sí, todavía se pueden introducir cambios durante la tramitación parlamentaria porque las medidas se deben regular con rango de ley.

Abel Caballero defendió la transcendencia del acuerdo adoptado y su carácter transversal, pues beneficia de igual manera a ayuntamientos de todos los colores. Además, puso en valor que la propuesta de Hacienda es la única alternativa viable para poder gastar el superávit sin incurrir en déficit, ya que los 14.000 millones en ahorros permanecen en depósitos bancarios al no poder utilizarse por una ley de 2012 aprobada por el Gobierno de Rajoy y una reforma de la Constitución.

La propuesta establece que las corporaciones locales dispondrán de 5.000 millones de euros a fondo perdido que transferirá el Gobierno central y cuyo reparto se hará en proporción a los remanentes que los ayuntamientos entreguen. Por tanto, los que no tengan ahorros, no recibirán nada. Este año se distribuirán 2.000 millones y en 2021, los 3.000 restantes. Y a partir de 2022, el Estado devolverá el 100% en de los remanentes que cedan las entidades locales en un plazo de diez años. El acuerdo recoge además un fondo de transporte de 275 millones, extensible a 400 millones, si se demuestra que hay más déficit, para compensar a los municipios por las dificultades durante la pandemia.

"Estamos en un momento relevante", sostuvo el regidor socialista, quien aseguró que la única forma de usar los remanentes con la ley actual es que "los coja el Estado y nos los devuelva libres de déficit".

Como los ayuntamientos que no tengan ahorros no recibirán nada y otros se encuentran con problemas de liquidez, el Ministerio de Hacienda incluye, para atender a una de las demandas más reivindicadas por los grupos políticos, la posibilidad de recurrir a préstamos de las diputaciones y apuesta por crear un grupo de trabajo para proponer medidas con las que facilitarles liquidez.

También se acuerda no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021, además se incorpora que las entidades locales participen de forma directa como beneficiarias del fondo de recuperación aprobado por la UE y se constituirá una mesa de trabajo para abordar la futura reforma de la financiación local.