El acuerdo alcanzado in extremis por la FEMP para regular el uso de los ahorros municipales está abocado al fracaso. Salvo cambios en el trámite parlamentario que den un vuelco al actual sentido de voto, en el Congreso no saldrá adelante el mecanismo ideado por Hacienda, con el único apoyo del PSOE en el órgano de poder local, para que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería. Alcaldes de distintos colores políticos, entre ellos el de Pontevedra (BNG), se aliaron para decir no a esa liberación de fondos municipales para el uso del superávit. Su rechazo frontal es un adelanto de que lo ocurrirá en el plazo de un mes en la Cámara baja: el PSOE no contará con el apoyo suficiente para aprobar el acuerdo firmado este lunes con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A día de hoy, partidos como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG, y la CUP que suman en torno a 190 escaños -la mayoría absoluta de la Cámara está en 176- ya han anunciado su voto en contra a que los ayuntamientos entreguen sus ahorros -unos 14.000 millones- al Gobierno a cambio de que este les transfiera hasta 5.000 millones entre este año y el próximo a fondo perdido como compensación, y los 14.000 millones entre 2022 y 2032.
Cuatro días después de que el presidente de la FEMP, Abel Caballero, advirtiese a los alcaldes de que si no ceden sus ahorros al Estado no podrán gastarlos, once regidores de nueve formaciones políticas pactaron un documento contra el acuerdo sobre el uso del superávit. Aunque el alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, no pudo asistir a la convocatoria trasladó su adhesión a este rechazo.
Tras una reunión telemática, los alcaldes de Zaragoza, Madrid y Murcia (PP), Cádiz (Podemos), Lleida (ERC), Granada (Cs), Reus (PdCat), Bilbao (PNV), Santa Cruz de Tenerife (CC) y Pontevedra (BNG) advirtieron de que no saldrá adelante en la tramitación parlamentaria el acuerdo del Gobierno y la FEMP, donde el voto de gracia de su presidente deshizo el empate y permitió su aprobación. El documento de rechazo será remitido como una carta a todos los alcaldes de capitales de provincia y de municipios de más de 100.000 habitantes para que lo suscriban y también a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con quien los regidores quieren reunirse para que tenga constancia del desencuentro provocado entre el municipalismo.
Tras el encuentro telemático, el regidor nacionalista de Pontevedra justificó el rechazo al acuerdo sobre el uso del superávit por considerarlo "injusto, discriminatorio y que viola la autonomía municipal". Con la propuesta de la FEMP, según advierte Lores, "todos los ayuntamientos salen perjudicados porque, de alguna manera, están haciendo una incautación de los remanentes municipales". "No es un acuerdo de reparto de 5.000 millones, es un acuerdo de incautación de 14.000 millones", sentenció. El grupo de alcaldes que pactaron ese documento también reclaman "respeto a la autonomía municipal" a la hora de definir en qué se gasta ese dinero. "Los ayuntamientos somos mayores de edad y sabemos qué es lo que tenemos que hacer", defendió Lores.
En el caso del PP, grupo con 88 diputados en el Congreso, ya anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo con Hacienda. Desde el Partido Popular promoverán mociones en todos los ayuntamientos contra el acuerdo "por traicionar al municipalismo" y pedirán la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Vox, que cuenta con 52 diputados, ha reprochado al Gobierno lo que consideran que se trata de una "rendición" de los excedentes de tesorería. Ciudadanos, también ha rechazado el acuerdo: "Hay una ausencia total de interés por parte de Pedro Sánchez y del Gobierno de coalición hacia los ayuntamientos". ERC y Junts, que suman 21 diputados, han arremetido contra el Ejecutivo porque consideran que el documento de Hacienda va contra el municipalismo.
EH-Bildu, con cinco diputados, ha mostrado su "rechazo más rotundo". El PNV ya anunciado que votará en contra porque considera que el decreto no va en la línea del concierto económico porque "no respeta la especificidad foral". En paralelo, Compromís, el BNG, Foro Asturias, Coalición Canaria, Navarra Suma, el PRC, Nueva Canarias y la CUP también se revelaron contra el pacto de la FEMP.
La abstención de Unidas Podemos en la agrupación municipalista se produjo tras varias negativas de este grupo, que llevaron al presidente de la FEMP a aplazar en varias ocasiones la reunión de la Junta de Gobierno para seguir negociando la propuesta con Hacienda y garantizarse la mayoría suficiente. Sin embargo, desde Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo de coalición, se han mostrado muy críticos e incluso dijeron que iba en contra del acuerdo de gobierno con el PSOE en materia municipalista.
