No solo las inspecciones de los técnicos de urbanismo destapan las obras que se levantan en Galicia sin tener licencia. Las denuncias de vecinos y de los propios concellos también ponen sobre alerta a la Xunta sobre las irregularidades cometidas en los 313 ayuntamientos gallegos. Cuatro de cada diez expedientes abiertos el año pasado para la reposición de la legalidad urbanística se iniciaron a raíz del rastreo del equipo de la APLU. Pero el 25% obedecen a denuncias de particulares. Fruto de la concienciación son cada vez más los vecinos que dan cuenta las infracciones detectadas en sus localidades Si hace años eran las inspecciones de la APLU las que copaban más de la mitad de los expedientes iniciados, con casi el 70% del total, en la actualidad ya solo representan el 39%, según la memoria de 2019. Así uno de cada cuatro procesos de demolición abiertos ya derivan de las quejas vecinales, cuando el año anterior solo suponían el 15%, diez puntos menos, y en 2016 y 2017 representaban tan solo el 12% y 11%, respectivamente, menos de la mitad que hoy en día.
Las denuncias del propio concello, que por tratarse de una administración de proximidad, intentaba mantenerse al margen de las irregularidades urbanísticas cometidas por sus vecinos, subieron dos puntos en un año y fueron el doble que 2017 -un 2% en 2019 frente a las 12% que supusieron hace tres años-.
