Las elecciones autonómicas del 12-J fueron un 50% más caras de lo previsto. El aplazamiento de la cita electoral de abril por culpa del coronavirus y las medidas de protección a las que obligó la pandemia para la convocatoria de julio dispararon su coste. La Xunta tuvo que inyectar cuatro millones adicionales para financiar la organización de los comicios y que se sumaron a los ocho que estaban previstos inicialmente. Es decir, el 12-J tuvo un coste final de 12 millones para las arcas públicas.
La suspensión de las elecciones autonómicas convocadas el 5 de abril fue un hecho inédito en la historia de Galicia. La irrupción de la pandemia y la activación del estado de alarma obligó por primera vez a desconvocar unos comicios.
La repetición electoral, de por sí, ya acarrea unos gastos, pero además la nueva convocatoria, el 12 de julio, tuvo lugar en un contexto en el que la pandemia obligó a adoptar una serie de medidas de seguridad en los colegios electorales para salvaguardar la salud de los votantes.
La Xunta contrató a un equipo de 130 técnicos que recorrieron los colegios electorales para garantizar que se cumplían las normas de seguridad. Además hubo que reubicar puntos de votación para garantizar un espacio suficiente que evitara aglomeraciones durante la jornada electoral. Y se dispusieron mascarillas y geles hidroalcohólicos en todos los colegios electorales.
El gasto adicional que conllevó la convocatoria electoral del 12-J aparece recogida en las modificaciones presupuestarias de junio. La Xunta tuvo que sacar de su partida de imprevistos una cuantía de 4 millones para financiar los gastos de organización de la cita con las urnas del 12 de julio.
