El Gobierno central está dispuesto a renegociar con ayuntamientos y partidos el acuerdo firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Ministerio de Hacienda para poder gastar los más de 14.000 millones de euros que tienen las haciendas locales en ahorros. La fórmula solo ha obtenido el respaldo del PSOE, pero todos los demás partidos, en mayor o menor medida, se han expresado en contra, lo que hace prácticamente imposible que el Congreso de los Diputados pueda aprobar el decreto-ley por el que se dará validez al acuerdo con Hacienda. Partidos que suman 190 diputados ya avanzaron su no a la entrega de sus remanentes de tesorería al departamento dirigido por María Jesús Montero.
En este contexto, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, declaró ayer su disposición a negociar de nuevo con los alcaldes y los grupos parlamentarios el contenido del decreto-ley, aunque no sin antes destacar que el actual le parece un "gran acuerdo".
Así se pronunció tras su despacho con el rey Felipe VI en Palma de Mallorca. En su comparecencia, Sánchez expresó la "voluntad de llegar a acuerdos" con los ayuntamientos, de los que dijo que tienen que ser "parte protagonista" de la reactivación del país tras la pandemia del coronavirus.
En este punto, incidió en que sigue la "mano tendida" del Gobierno a las administraciones locales, después de que alcaldes de distintos partidos políticos criticaran el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Hacienda y la FEMP.
El Consejo de Ministros transformó en decreto-ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto-ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que de refrendarse.
Documento de rechazo
Tan solo cuatro días después de que el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, advirtiese a los ayuntamientos de que si no cedían sus ahorros al Estado no podrían gastarlos, once regidores de nueve formaciones políticas, entre ellos el regidor de Pontevedra (BNG), pactaron un documento contra el acuerdo sobre el uso del superávit. El grupo de alcaldes que pactaron ese documento reclaman "respeto a la autonomía municipal" a la hora de definir en qué se gasta ese dinero.
A un mes de la votación en el Congreso, una quincena de partidos que conforman la Cámara baja, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar este decreto.
Eso sí, Sánchez reivindicó este acuerdo como un "mecanismo dentro de la legalidad" y recordó que se trata de una fórmula para que los ayuntamientos no incurran en déficit después de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "aprobada durante el anterior Ejecutivo del Partido Popular". "Antes se impedía el uso de cualquier céntimo y ahora se ha creado un fondo de 5.000 millones de euros", defendió Pedro Sánchez.
En síntesis, el acuerdo consiste en que los ayuntamientos deben ceder sus remanentes a Hacienda, que a cambio entre este año y 2021 les transferirá 5.000 millones a fondo perdido y, entre 2022 y 2032 -plazo que puede ampliarse- el importe íntegro de los ahorros. Pero salvo el PSOE, todos los partidos censuran la fórmula por entender que es una "expropiación", un "robo" o una "confiscación".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió ayer que no entiende esas críticas y que carecería de sentido que el Congreso no convalidara el decreto-ley. Sostuvo que es la única solución posible y legal para que los ayuntamientos puedan gastar sus remanentes y censuró que ahora le lluevan los reproches, pero que nadie hay puesto una alternativa encima de la mesa.
En todo caso, la decisión de los municipios de entregar su dinero es voluntaria, aunque de no hacerlo, no participarían en el reparto de los 5.000 adicionales que financiará Hacienda como compensación.
El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó ayer que si el Congreso no avala el decreto-ley sobre los remanentes municipales, estos "seguirán confinados", ya que "hay una ley del PP que impide gastarlo, que dice que si lo gastas te intervienen". "Además, ¿quién puede oponerse a un acuerdo que nos da 5.000 millones sin tener que devolver nada?, se preguntó.
El PP, por su parte, defiende que el acuerdo no responde a los intereses de los ayuntamientos. Su vicesecretario Territorial, Antonio González Terol, reclamó a Sánchez de nuevo que "rectifique" el decreto-ley por considerarlo "discriminatorio" y un "chantaje", además de "una suerte de corralito de fondos públicos".
