Son uno de los atractivos turísticos de Galicia y una de las principales fuentes de ingresos. El país de los mil ríos y de los casi 1.500 kilómetros de costa sitúan a la comunidad en el mapa de destinos favoritos para las escapadas en puentes y vacaciones, pero también está marcada en rojo en las redes de alerta por vertidos. La lista de avisos por la presencia de disolventes, aceites, residuos radiactivos, sanitarios o industriales tóxicos, pesticidas, restos de animales, aguas residuales o deficiencias en los sistemas de saneamiento, entre otros, deja a Galicia todavía lejos de la meta de unas aguas plenamente saneadas: el horizonte fijado por la UE para garantizar su buen estado ecológico se prorrogó de 2015 a 2021. Administraciones, empresas y particulares están bajo la lupa de la Xunta para corregir deficiencias y cumplir los requisitos medioambientales que establece la directiva europea y así tener unos ríos y aguas costeras libres de vertidos, contaminación por bacterias o alteraciones del hábitat. De los 298 expedientes abiertos el año pasado por la Xunta, un total de 126 derivaron en sanción por vertidos contaminantes o ilegales por un importe que roza los 289.000 euros. Las administraciones, en concreto los concellos, están detrás del grueso de los procesos sancionadores ejecutados: un total de 64 (el 51% del total, lo que supone una media de cinco multas cada mes), por un importe que supera los 110.000 euros. Otros 70 expedientes abiertos el año pasado quedaron en trámite al cierre del ejercicio y los 100 restantes fueron archivados, según el balance de Augas de Galicia.
Pese a que las empresas afrontaron un menor número de sanciones por vertidos tóxicos o sin autorización el año pasado (55) el alcance fue de mayor gravedad, tal y como rebela el desembolso que tuvieron que hacer: más de 175.000 euros. A particulares hubo siete sanciones firmes por un importe total de 3.150 euros.
Pero a estas cantidades hay que sumar otros casi 235.000 euros por 283 expedientes de ejercicios pasados resueltos en 2019, lo que eleva a casi 524.000 euros la recaudación en sanciones por vertidos en dominio público-hidráulico (ríos, acuíferos o lagos) o en dominio marítimo-terrestre (rías y mar), según los informes de Augas de Galicia, ahora dependiente de la Consellería de Infraestruturas.
Hace años muchos de los vertidos que llegaban a los cauces fluviales, a las rías o incluso al mar ni llegaban a detectarse, pero desde que la Xunta puso en marcha hace ya diez años una red que permite el control en tiempo real de la calidad, se hacen controles más frecuentes y se agilizan los mecanismos de detección y alerta en el caso de que haya alguna incidencia que altere el estado natural de las aguas. El balance de Augas de Galicia de 2019 refleja un descenso en el número de sanciones interpuestas respecto al año anterior, casi un 27% menos: 298 frente a 407. La caída del importe en mucho mayor, un -42,4%, debido a la menor gravedad en la infracción cometida.
Principalmente las infracciones detectadas son de tres tipos. Por un lado, las derivadas de un vertido no autorizado suelen acarrear multas de 30.000 euros. Por incumplimiento de la autorización, los importes se sitúan en los 15.000 euros. Y en los casos por desatención al requerimiento de la Administración suelen ser sanciones de 5.000 euros.
Pero no todos los vertidos tóxicos detectados por la Xunta derivan en expediente. ¿El motivo? Lo más habitual es que los técnicos lleguen a la zona donde se dio aviso del vertido, pero no sean capaces de averiguar la fuente contaminante. En definitiva, el responsable.
Las alertas de polución detectadas el año pasado derivaron en 236 expedientes sancionadores por vertidos contaminantes o ilegales en dominio público-hidráulico y 62 en marítimo-terrestre. Es decir, ocho de cada diez en ríos y el 20% restante en rías y mar.
Bajo la premisa Quien contamina, paga, las pesquisas en los puntos de vertidos detectados el año pasado derivaron en 102 sanciones por alteración del estado natural de los ríos gallegos por un importe que supera los 243.000 euros y otras 24 por carga microbiológica o química o vertidos sin autorización en las rías o el mar por 21.500 euros. En el caso de las multas por polución en el dominio público hidráulico, las administraciones suman 48 multas, un importe que ronda los 89.000 euros, lo que se traduce en una sanción media de casi 2.000 euros. Los vertidos ilegales o contaminantes de empresas e industrias en ríos dejaron 47 multas por más de 142.000 euros, por encima de los 3.000 euros de media. A particulares, la Xunta notificó el año pasado 7 sanciones por un importe total de 3.150 euros (apenas 500 euros de media), un importe muy alejado del que afrontaron ayuntamientos y empresas.
En el caso de los expedientes por vertidos en aguas costeras, de los 62 abiertos el año pasado fueron un total de 24 los que al cierre del ejercicio habían derivado en sanción: 16 a administraciones por más de 21.000 euros y los 8 restantes a empresas por un importe que supera los 33.000 euros.
Tal es el volumen de trabajo que cada año llega a las dependencias de Augas de Galicia, que no se da abasto para tener al día los expedientes abiertos por vertidos contaminantes o sin autorización. El año pasado, el organismo autonómico resolvió 283 procesos sancionadores que se acumulaban de ejercicios pasados, de ellos 143 eran por infracciones que afectaban al dominio público hidráulico (ríos) y los 40 restantes al marítimo-terreste (rías y mar). El volumen total de las multas interpuestas supera los 176.000 euros por las afecciones a los caudales de los ríos y más de 58.000 por los focos contaminantes o sin autorización en las ensenadas y la costa gallegas.
En total fueron 116 las sanciones notificadas (87 en ríos y 29 en rías y mar).
Los expedientes archivados o sobreseídos alcanzaron los 54 en ríos y diez en aguas costeras, mientras que otros dos que afectaban a particulares caducaron, según recoge el balance del organismo autonómico.
En el caso de los procesos atrasados que afectan al dominio público hidráulico, las administraciones se colocan como las principales infractoras (39 sanciones) seguidas de las empresa (35) y, finalmente, particulares (5). En el dominio marítimo-terrestre encabezan las notificaciones de multa los concellos (27). Las dos restantes correspondieron a empresas.
