Galicia será la segunda comunidad del régimen general en emitir bonos "verdes" por un importe de 500 millones de euros. Así lo explicó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal del Consello, e indicó que el objetivo del Ejecutivo autonómico es cerrar esta operación "en los próximos días".
Tal y como explicó, se trata de bonos que están "íntegramente dedicados a inversiones sociales y temas medioambientales" y aparecen vinculados a la Agenda 2030, por lo que pueden ser utilizados en energías renovables, eficiencia energética, gestión sostenible de recursos naturales, transporte limpio o gestión sostenible del agua, en su faceta más ambiental, pero también en servicios sociales, como mejora de accesibilidad en el rural, acceso a servicios esenciales, a vivienda o empleo.
Así lo detalló Feijóo, quien incidió en que, además de Madrid, solo otras dos comunidades han optado por este tipo de deuda: Euskadi y Navarra, aunque en una cantidad "más modesta", señaló.
En todo caso, el jefe del Ejecutivo gallego indicó que esta operación no supone "incremento" de deuda, sino que "son 500 millones que sustituyen a otros 500 millones de euros que vencían durante estas mismas fechas". Es decir, se trata, explicó, de "sustituir deuda pública tradicional que vence por bonos verdes con compromiso medioambiental específico" y en un comunicado la Xunta indica que la iniciativa se enmarca en una gestión "eficiente" de la deuda.
En esa línea, Feijóo recordó que Galicia retornó en 2019 a los mercados financieros por la "confianza" que la comunidad aporta a los inversores, lo que está permitiendo, apuntó, "toda la liquidez" que se precisa y en las "mejores" condiciones. De hecho, argumentó, a finales del pasado año Galicia llegó a formalizar la primera emisión de deuda con rentabilidad negativa.
Feijóo resaltó que la comunidad gallega es la que menos incrementó la deuda pública en la última década, citando al Banco de España, dado que el incremento registrado en Galicia representa 110 puntos inferior a la media del conjunto de España. Ese "mejor comportamiento" con respecto a otras comunidades hizo que Galicia evitase emitir lo que cifró en 3.874 millones de euros de deuda entre 2008 y 2019.
Por otra parte,el Gobierno gallego reinició los trámites para la aprobación en la Cámara autonómica de la ley gallega de Impulso Demográfico, una normativa aprobada en Consello a comienzos de año y que figuró como una de las principales propuestas electorales del PP de Feijóo en los comicios autonómicos en los que renovó el cargo.
En la reunión semanal del Consello también se acordó reactivar la tramitación parlamentaria de la renovación legislativa de la ordenación del territorio y el nuevo marco normativo para la pesca natural, cuyo recorrido en la Cámara quedó frenado por la convocatoria de elecciones a comienzos de año. De este modo, el Ejecutivo remitirá al Parlamento estos dos textos y el proyecto de ley de Impulso Demográfico aprobado el pasado mes de enero y que convertirá, según Feijóo, a Galicia en "la primera administración autonómica" en contar con un marco normativo de este tipo, pensado para hacer de la comunidad gallega "un buen lugar para tener familia".
Sobre la ruptura del pacto de Gobierno PP-DO en el Concello de Ourense, Feijóo insistió en que la responsabilidad para poner fin a la "inestabilidad" que padece el Ayuntamiento corresponde al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que gobierna con el apoyo de solo dos concejales. Sobre la propuesta de una moción de censura planteada por el BNG, el líder del PP gallego evitó pronunciarse.
