El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que los concejales que sean considerados tránsfugas no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que antes no ejercían o percibían y que "impliquen mejoras personales, políticas o económicas".
La Sala de lo Contencioso Administrativo interpreta el artículo 73.3.3º de la Ley reguladora de las bases del Régimen Local, en concreto qué alcance tiene que los derechos económicos y políticos de un concejal no adscrito no puedan ser superiores a los que le hubiesen correspondido de haber permanecido en su grupo.
La sentencia fija como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, por razón de un supuesto de transfuguismo, "impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas", aunque excluye de esta limitación "la incorporación a las comisiones informativas".
Señalan los magistrados que del citado artículo se deduce una intención disuasoria del transfuguismo, que implica una alteración o falseamiento de la representación política, en cuanto supone una actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron con sus votos. Según el fallo, el artículo analizado disuade de que el pase a la condición de edil no adscrito, por incurrir en transfuguismo, suponga una mejora del estatus.
Polémica en A Coruña y Ourense
Beatriz Pino, portavoz de Cs en Galicia, calificó ayer el transfuguismo como "forma de corrupción". "Ahora el Supremo lo avala", escribió en su cuenta de Twitter en alusión al abandono del partido de Mónica Martínez y su posterior nombramiento como concejala de Deportes en el Concello de A Coruña. Fuentes municipales apuntan que el Gobierno local no se pronunciará al respecto hasta que tenga un informe del Secretario de la Corporación sobre un recurso de Marea Atlántica.
El grupo de Marea recurrió este mes el nombramiento de Martínez como edil responsable de la Concejalía de Deportes tres meses después de que se diera de baja en Ciudadanos, partido que representaba en la Corporación municipal como única concejal tras las elecciones de 2019. Marea cree que, a la vista de la sentencia, se debe cesar a la edil.
En el caso de Ourense, el fallo fue esgrimido ayer por el alcalde de la ciudad de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, para preguntarse si tras haber expulsado del grupo municipal de Democracia Ourensana en el Concello de As Burgas a cuatro de sus concejales críticos, a los que ahora denomina "tránsfugas", sería lícito que Miguel Caride, uno de esos ediles, haya sido nombrado vicepresidente de la Diputación de Ourense. Si bien los concejales expulsados de DO no han querido posicionarse sobre este fallo, fuentes próximas a los ediles críticos, contraatacan y cuestionan si el concejal Telmo Ucha, uno de los tres miembros del microgobierno de Jácome, puede llevar más de siete áreas de gobierno delegadas cuando fue elegido por las siglas de DO, pero tomó posesión hace apenas un mes de su escaño, como concejal no adscrito.
