Todos los ayuntamientos gallegos, salvo las siete grandes ciudades, dispondrán de una herramienta que les rebajará la carga administrativa que supone gestionar las multas por incumplir las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, como no llevar mascarilla, saltarse el toque de queda o reunirse con más personas de las permitidas. La Xunta ofrecerá a las administraciones locales asumir todos los trabajos burocráticos a cambio de cobrarles por la gestión, si bien las denuncias deberán seguir siendo tarea de las respectivas policías locales o de los propios trabajadores municipales.
El Ejecutivo gallego aprobó ayer un acuerdo para plantearle a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) que permita a las entidades locales esquivar los problemas para gestionar las sanciones que afecten a competencias municipales, después de las quejas de los ayuntamientos por la sobrecarga de trabajo que les supone esta cuestión, añadida a las tareas vinculadas a limpieza o desinfección para combatir los contagios por la pandemia del COVID.
Gestión
“Nos encargaremos de redactar los documentos de sanciones y los concellos solo tendrán que revisarlos y firmarlos. Podrán descargar así trabajo administrativo y solo les corresponderá la firma de la notificación. Posteriormente, habrá una liquidación de la gestión hecha por la Xunta y la recaudación irá a parar a las cuentas municipales”, explicó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal del Consello.
Los ayuntamientos interesados en que la Xunta se encargue de la gestión de los trámites que acarreen estas sanciones deberán suscribir el convenio con el Ejecutivo gallego a este efecto.
El modelo por el que se ha decantado el Gobierno autonómico no es novedoso, pues ya es aplicado por las diputaciones provinciales para asumir, por ejemplo, la recaudación municipal de los ayuntamientos con escasos medios humanos. El 85% de entidades cede la recaudación a otras administraciones a cambio de adelantos de los pagos y de una comisión por las gestiones.
“El Gobierno gallego dispondrá de unidades tramitadoras base, supervisoras y de coordinación que se encargarán de la elaboración del material de los trámites en auxilio técnico de los instructores de los procedimientos designados por los concellos, que se encargarán de la formalización de los actos de carácter jurídico”, expuso la administración gallega.
