Menos desahucios, más concursos y más demandas por despido. Son los efectos que deja la crisis económica causada por el COVID en los juzgados después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene tuvieron en la actividad de los tribunales de todo el país durante el segundo trimestre. Entre julio y septiembre, los lanzamientos por impagos del alquiler o las hipotecas cayeron un 20% en la comunidad respecto al mismo periodo del año pasado, diez puntos por debajo de la media nacional (-30,2%). Por el contrario, los concursos de empresas repuntaron un 11,4% y los de personas no empresarias, un 64%; los pleitos por despido aumentaron casi un 18%, con un total de 1.706 demandas —una media de casi 20 cada día—, y los procesos monitorios (vía de reclamación civil más rápida y ágil para exigir el pago de deudas) rondaron los 9.000, un 17,4% más, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales hecho público ayer por la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Miles de trabajadores inmersos en un ERTE, ola de despidos, un futuro incierto por los cierres de negocios, una economía familiar y empresarial tocada (y en muchos casos hundida) por los impagos… Desde que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma no hubo actividad económica que sortease el embate de la crisis desatada por el coronavirus. Levantadas algunas de las restricciones de movilidad impuestas por la situación sanitaria, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, ya auguraba una avalancha de asuntos judiciales derivados del COVID, al tiempo que advertía de que esta crisis sin precedentes había puesto “aún más en jaque” a la Administración de Justicia, por lo que reclamó reformas de “más calado” para dar “una respuesta rápida y con garantías a la ciudadanía y a las empresas”.
►Desahucios. A las dos semanas de decretarse el estado de alarma, el Gobierno central aprobó un conjunto de medidas para salvar a los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus, un colectivo que estima en medio millón de familias. Una de ellas fue la paralización de los desahucios para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad hasta finales de año. Esta misma semana, el Ejecutivo acordó prohibir todos los lanzamientos de hogares en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, hasta el 9 de mayo.
Fruto de la decisión de marzo, durante el tercer trimestre del año se ejecutaron en Galicia 356 desahucios, un 20% menos que en 2019 (entonces fueron 445); de ellos, 293, el 82,3%, fueron por impago del alquiler, 51 por ejecuciones hipotecarias y los 12 restantes derivaron de otras causas. En el conjunto del Estado, los lanzamientos disminuyeron un 30,2%
Entre julio y septiembre se iniciaron en la comunidad un 68,1% más de ejecuciones hipotecarias que el año pasado. En total, se interpusieron 232 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a las 138 del año anterior. En el conjunto del país, fueron 5.299 (+52,7%).
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas iniciadas aumentan un 68%
►Concursos. Uno de los procedimientos que se vieron más afectados por la crisis del COVID fueron los concursos. Hay además que tener en cuenta que durante el segundo semestre del año se suspendió los plazos procesales, lo que provocó un aumento de actividad en los órganos judiciales gallegos en el tercer trimestre.
De los 70 concursos registrados en el tercer trimestre de 2019 en los juzgados de lo mercantil gallegos se pasó este año a 78, (+11,4 %). Con respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación da Ley orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor en octubre de 2015, corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, en Galicia se presentaron en el tercer trimestre 82 casos, frene a los 50 del mismo periodo del año pasado (un 64% más).
►ERE y despidos. Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), en el conjunto del país se presentaron un total de 102 expedientes, un 17,2% más que en el tercer trimestre del año anterior. En la comunidad gallega se registraron seis frente a los nueve contabilizados el año pasado (-33,3%).
En los juzgados de lo Social de la comunidad se interpusieron un total de 1.706 demandas por despido, un 17,8% más que el tercer trimestre del año pasado (1.448). Además, se tramitaron 2.414 demandas por reclamaciones de cantidad, un 24,2%. Las estadísticas de los meses de julio a septiembre revelan un incremento de los procedimientos monitorios: un total de 8.920 frente a los 7.596 del tercer trimestre del año pasado (+17,4 %).
Las denuncias por ocupaciones de pisos caen un 26%, con un total de 73 en nueve meses
Ante la creciente preocupación por el fenómeno okupa, también en Galicia, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior aprobaron el pasado mes de septiembre sendas instrucciones con el fin de garantizar el desalojo sin necesidad de orden judicial en aquellos casos violentos y que supongan una amenaza para la convivencia con los vecinos. En el arranque del año, Galicia se habría convertido en la comunidad donde más aumentaron las denuncias por ocupaciones de viviendas. Pero la tendencia parece haberse revertido en el tercer trimestre del año. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los juzgados gallegos ingresaron 22 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, frente a las 34 del tercer trimestre de 2019. De este tipo de demandas se resolvieron 31 y quedaron en trámite 55. En total, en los nueve primeros meses de 2019, los tribunales de la comunidad registraron 73 demandas por estos hechos, frente a las 99 de los mismos meses del año anterior, lo que supone un descenso interanual del 26,2%, según los datos del CGPJ
