El Parlamento ha retomado, en este primer periodo de sesiones de la legislatura, la tramitación de seis textos legales que quedaron pendientes del pasado mandato. Así, han iniciado su camino parlamentario las leyes de ordenación del territorio, de acción exterior, de pesca continental, de impulso demográfico y, desde ayer, tras salvar las enmiendas de devolución de los grupos de la oposición, las leyes de museos y de residuos y suelos contaminantes.

Esta última describe el itinerario que debe seguir Galicia para reducir la producción de basura y avanzar en el reciclaje, pero también contiene aspectos que afectan al día a día del ciudadano, como prohibir la venta de las vajillas de plástico de un solo uso u obligar a los restaurantes a ofrecer a sus clientes las sobras de los menús, para que luego el consumidor decida si se las lleva a casa o no.

Además, a través del grupo parlamentario del PP, también están a trámite dos proyectos legislativos que han sido redactados en coordinación con la Xunta: la ley de reactivación económica —que se acaba de registrar y cuyo debate está previsto para este mismo mes— y la reforma de la ley de salud gallega, que ayer superó el primer paso en la Cámara para su tramitación.

Entre otras exigencias, los ayuntamientos gallegos tendrán que instaurar la recogida separada a finales del año 2023. El texto obligará a reducir la producción de basura ya este año en un 10% con respecto a 2010 y elevarla al 15% en 2020. Además, se tendrán que rebajar en un 30% los residuos de alimentos en el año 2025 en comparación con 2010, y en un 50% en 2030. Por otro lado, el reto del llamado vertido técnico cero, es decir, que solo el 10% de la cantidad generada acabe en vertederos, está fijado para 2035.

Los grupos de la oposición —BNG y PSOE— criticaron la falta de elementos vinculados a la educación social, que no incluye perspectiva de género como, señalaron los socialistas, se recoge en el informe de la Secretaría Xeral de Igualdade y que adolece de un “verdadero cambio de modelo Sogama”, como sostuvo el diputado nacionalista Luís Bará.

El pleno del Parlamento también inició ayer la tramitación, por la vía de urgencia, de la reforma de la ley de salud, que endurecerá el régimen sancionador ante la pandemia, en un debate en el que la oposición mostró su rechazo por “delimitar derechos fundamentales” y suponer un “estado de alarma permanente”. El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, defendió que se trata de una de las normas más importantes que se tramitarán en este mandato.

El texto aborda, entre otras cuestiones, las medidas que puede adoptar el Gobierno gallego en situación de pandemias, las sanciones por el incumplimiento de la normativa —con delimitación de las competencias de cada administración— o la intervención de las residencias de mayores.

La oposición rechazó la ley “en fondo y forma”. Una de las cuestiones sobre la que han llamado la atención tanto BNG como PSdeG es que se recurra al grupo parlamentario del PP para presentar el texto, en vez de que lo haga la Xunta, con el fin de “saltarse todos los informes preceptivos”.