Doce campanadas, subida de peajes. A pesar del compromiso asumido en octubre por el Gobierno, cuando se avanzó que las cuentas anuales reservarían 55 millones de euros para rebajar los peajes de la AP-9, la principal vía de comunicación rodada de Galicia seguirá cumpliendo con el mismo (triste) ritual que se repite religiosamente desde hace años: Año Nuevo, encarecimiento de gravámenes.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana emitió ayer a última hora de la tarde un comunicado en el que informa de un abaratamiento generalizado en las autopistas de la red estatal del 0,11%. El descuento se aplicará en todas —con alguna oscilación—, salvo en tres: la AP-6 Villalba-Adanero, cuyas tasas experimentarán un alza del 0,74%; la AP-7 Alicante-Cartagena, donde la subida será del 0,89%; y la AP-9, que anotará el mayor incremento, con un 0,92%.

La subida de la AP-9 es fruto de la combinación de dos datos. Por una parte, de la subida anual del 1% con la que año tras año se resarce a Audasa por la inversión que realizó para ampliar el puente de Rande y los accesos de Santiago, una actualización al alza extraordinaria que se aplicará —así lo recoge el convenio suscrito en 2011 con el Gobierno— hasta 2038. El segundo dato es la evolución del IPC, que en este caso es negativa. La influencia de la primera sobre la segunda deja el incremento —como confirmó ayer el Ejecutivo— en un 0,92%. Hasta ahora se aplicaba una segunda alza extraordinaria, del 0,8%, con el que se resarcía a Audasa de las bonificaciones que aplica en el viaje de vuelta entre Vigo y Pontevedra, pero el acuerdo suscrito en su día preveía ya que el incremento se aplicase por última vez en 2020.

A la espera de que la concesionaria publique su tabla de tarifas actualizada, en la que se aplica por ejemplo un sistema de redondeos, la actualización elevaría en 1,5 euros el peaje entre A Coruña y Vigo. De los 16,85 euros que cuesta ahora desplazarse en coche entre A Coruña y la ciudad olívica se pasaría a 18,4. Para un camión de gran porte el aumento sería de unos 3,3 euros, lo que acerca el coste total de cada viaje a casi 40.

En la última década, los peajes de la AP-9 se han incrementado más de un 30%. Y en los últimos años, el alza ha sido importante. En enero de 2018, subieron un 1,9% al aplicar la actualización del IPC. Nueve meses después se incrementaron casi un 2%: un 1% para compensar a Audasa por las obras de la circunvalación de Santiago; el enlace de Sigüeiro; la ampliación en los accesos de Vigo y O Morrazo y el viaducto de Rande; y un 0,9% por las bonificaciones en los trayectos entre Vigo y Pontevedra. A principios de 2019 se produjo un aumento del 3,5%. Y el 1 de enero de 2020, otro del 2,69%. A partir de mañana, el incremento será del 0,92%.

El anuncio oficial del Ministerio de Transportes de ayer choca con el lanzado el 27 de octubre por el ministro José Luis Ábalos, quien garantizó la “eliminación del agravio que muchos gallegos sufren con los peajes de la AP-9”. La rebaja era uno de los puntos recogidos precisamente en el acuerdo de investidura suscrito entre PSOE y BNG.

Poco después trascendía que el Ministerio de Transportes había reservado en sus cuentas 55 millones de euros para rebajar las tarifas de la AP-9. Además de bonificaciones, se apuntaba la posibilidad de que destinase parte de la partida a “la supresión de la subida anual acumulativa del 1%” correspondiente a las obras de ampliación en el viaducto de Rande y los accesos de Santiago de Compostela.

Para la entrada en vigor de los descuentos se señalaba que debían darse una serie de condiciones. Primero, la aprobación de las cuentas estatales. A continuación, sendos reales decretos. Los Presupuestos Generales de 2021 recibieron luz verde en el pleno del Senado el 22 de diciembre. Semanas antes habían pasado por el Congreso.

La Xunta tacha de “inaudito” que el Ejecutivo “actúe como abogado de Audasa”

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, afirmó ayer que “es inaudito que el Gobierno actúe como abogado de Audasa, reclamando a la Xunta 15 millones de euros por la bonificación del peaje de la AP-9”, al ser preguntada si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pidió al Gobierno gallego que se haga cargo de la mitad de la factura de la bonificación de los peajes de Rande y A Barcala de los últimos dos años y medio, que hizo el Ejecutivo central en solitario. Al respecto, Vázquez indicó que Audasa es “una empresa privada que explota la AP-9 con beneficios desproporcionados”, y aseguró que esto es “consecuencia principalmente de acuerdos con Gobiernos socialistas”. En 2018, apuntó, “el Gobierno de Rajoy llegó al acuerdo de que la Xunta no tenía que bonificar los peajes”. “Algo que se está obviando es que el Consejo del Estado acreditó que esos crecimientos exponenciales eran nulos de pleno derecho”, añadió la titular de Movilidad. Finalmente, acuso al Gobierno de “ignorar todo esto” y “pedir dinero” a la Xunta. “Es el clásico de yo invito y tú pagas, al que ya estamos acostumbrados en este tema”, concluyó.