Dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para Rafael Louzán por prevaricación y fraude

La jueza de esta causa, una pieza separada de la operación Patos, considera probado que cometieron irregularidades para otorgar 86.311 euros a una constructora para compensarla por un sobrecoste en las obras del campo de fútbol de Moraña.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra condena a Louzán por conceder una subvención para realizar unas obras de mejora del campo de fútbol que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad. Louzán, que ha sido considerado culpable de un delito de prevaricación, en concurso con un delito de fraude, también ha sido inhabilitado para empleo o cargo público durante ocho años.

La jueza condena a otros dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude, a la exalcaldesa de Moraña, María Luisa Piñeiro, y al entonces director de Infraestructuras de la Diputación.

A la misma pena de prisión —dos años— ha sido sentenciado el administrador y un empleado de la adjudicataria del proyecto, así como el arquitecto que lo firmó, a quien también ha inhabilitado para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.

El campo de fútbol

La magistrada, además, condena a un año de prisión y a dos años de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad sabiendo que se trataba “de un mero trámite” para adjudicar la obra a una determinada empresa.

La jueza considera probado que la constructora a la que la Diputación de Pontevedra había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas aumentó su coste en 86.816 euros con una certificación. Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía exceder el importe subvencionado, por lo que, según la sentencia, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba”.

La magistrada destaca que, para hacer frente a ese pago, en 2013, con el acuerdo del presidente de la Diputación, el director de Infraestructuras, el administrador de la empresa, la alcaldesa de Moraña y un arquitecto, se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese importe, en concreto, las mejoras en el vestuario y las bancadas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas.

Una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales, “se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y bancada del campo de fútbol”, indica la jueza.

“Tal conclusión se alcanza de la audición de escuchas practicada en el plenario y la documentación obrante en autos”, destaca la magistrada, al tiempo que señala que el entonces presidente de laentidad provincial pontevedresa “sabía de primera mano, por visitar el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Diputación, que cuanto menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas”.

Esa conducta del expresidente de la Diputación, según la jueza, “evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho”.

En cuanto a los condenados como cooperadores necesarios, explica en la sentencia que la alcaldesa de Moraña pidió la subvención a la Diputación “a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, cuanto menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas” y el arquitecto “se limitó a firmar el proyecto y certificaciones”. En cuanto al director de infraestructuras de la Diputación, la jueza sostiene que “buscó el encaje de la operación, indicando incluso a qué arquitecto como firmante del proyecto debían acudir”. Y, finalmente, el administrador de la empresa adjudicataria intervino como “beneficiario último de la subvención”, así como uno de sus empleados, que fue “quien ejecutó o mandó ejecutar las actividades necesarias para culminar el proyecto”.

Decomiso

La magistrada ordena el decomiso de la cantidad cobrada por la empresa con motivo del proyecto de mejora de bancadas y vestuarios del campo de fútbol (86.311 euros), así como de la cantidad cobrada por el arquitecto.

La sentencia no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. Louzán y Piñeiro ya han anunciado que presentarán recurso y la actual delegada de la Xunta en Pontevedra ha dimitido de sus cargos. Louzán no renuncia a su puesto al frente de la Federación Galega de Fútbol.

Rafael Louzán | Presidente de la Federación Gallega de Fútbol

“Mi actuación tuvo como único interés buscar el beneficio de los ciudadanos”

El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, no dimite de su actual cargo de presidente de la Federación Gallega de Fútbol y anuncia que recurrirá la sentencia que le condena a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por prevaricación y fraude, al considerar probado que cometió irregularidades al otorgar 86.311 euros a una constructora, durante su etapa de mandatario provincial. Louzán anunció que presentará recurso y entiende que este fallo no afecta a su cargo en la Federación Gallega. En un comunicado, Louzán recordó que el fallo “no es firme” y que recurrirá “con el convencimiento claro de poder demostrar mi inocencia, tal y como testificaron todos los técnicos de las distintas administraciones implicadas, testigos, funcionarios y peritos que acreditaron en sede judicial la corrección del procedimiento seguido y de la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas”. Dice el expresidente de la Diputación que, no obstante, la jueza “no lo ha entendido así, considerándome responsable en el procedimiento administrativo por el mero hecho de ser la máxima autoridad de la Diputación de Pontevedra en ese momento, y en ningún caso, tal y como se indica por parte de la jueza, porque haya pruebas que evidencien conocimiento y/o participación por mi parte en los hechos”. Louzán asegura que su actuación en las obras del campo de fútbol de Moraña “se ha regido por el único interés de buscar el beneficio de los ciudadanos y de la provincia de Pontevedra”.

Luisa Piñeiro | Delegada de la Xunta en Pontevedra

“Estoy totalmente sorprendida; recurriré confiando plenamente en mi inocencia”

La delegada de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro, presentó ayer su renuncia a todos los cargos públicos tras la sentencia por la operación Patos, en la que el juzgado la ha condenado a dos años de cárcel y a ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, como cooperadora necesaria del delito de prevaricación y autora de un delito de fraude cuando era alcaldesa de Moraña. Piñeiro defendió su honradez en la gestión de las obras del campo de fútbol de esta localidad y anunció que presentará recurso “confiando plenamente en mi inocencia”. Asimismo, afirmó que abandona sus cargos para “no perjudicar a las instituciones a las que represento” y para centrarse en su defensa ante esta sentencia, aseguró en una comparecencia en la sede del Partido Popular de Pontevedra. También anunció su baja como militante del PP, “el partido donde siempre estuve y estaré”. “Estoy totalmente sorprendida” por el fallo, aseguró. “Siempre defendí mi inocencia y la seguiré defendiendo. Esto fue un proceso de contratación de otra administración que no era la que yo representaba”, apuntó “y la contratación, adjudicación, dirección y certificación de obra estaba siendo gestionada por personal de la Diputación de Pontevedra, en el que yo no tenía ninguna responsabilidad en ese momento”, añadió. “Porque pedí una subvención estoy aquí”, lamentó Piñeiro al anunciar su renuncia.