Las comunidades del Noroeste buscan en bloque medidas legales para tumbar la votación que el jueves dio mayoría a los territorios que quieren que el lobo se incluya en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) y, en consecuencia, se prohíba su caza en toda España. Responsables de Medio Ambiente y Medio Rural de las cuatro comunidades que albergan más del 97% de esta especie en todo el país —Galicia, Asturias, Cantabria, y Castilla y León— se plantean acudir a los tribunales “ejercitando las acciones judiciales de todo tipo que procedan” si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sigue adelante con la propuesta.
El rechazo de Galicia a que se prohíba la caza del lobo en todo el país, ya manifestado el jueves desde la Consellería de Medio Ambiente, es compartido por el resto de comunidades del Noroeste. Con la intención de definir los pasos a seguir ante la protección de esta especie, Ángeles Vázquez se reunió telemáticamente con sus homólogos en Asturias (PSOE), Cantabria (PRC) y Castilla y León (PP). Durante el encuentro celebrado el viernes, los cuatro responsables autonómicos analizaron el resultado de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tanto por la forma “indebida” en que se llevó a cabo la, como por las consecuencias tan “perjudiciales” para las comunidades con presencia de este mamífero.
Su intención es recurrir la sesión de la comisión “al apreciarse defectos de forma, ya que, entre otras cuestiones, no se facilitó participar en las votaciones a la Ciudad Autónoma de Ceuta”, lo que —sostienen— fue determinante, ya que el resultado fue de nueve votos a favor —ocho comunidades y el propio ministerio—y otras ocho autonomías en contra. Y es que la iniciativa de Transición Ecológica, según advierten las regiones del Noroeste, supone una “invasión de competencias exclusivas de las comunidades, impide la gestión de la conservación y control población del lobo y constituye un gravísimo daño para el sector agropecuario”.
La postura que defiende el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va en contra de la propia Estrategia de Gestión y Conservación del lobo ibérico aprobada por ese mismo ministerio con el consenso de todas las comunidades en unos tiempos en los que la especie era muchísimo menos abundante que en la actualidad, y aun así se consideraba su conservación compatible con su consideración como cinegética, no atendiendo tampoco a las consecuencias legales y económicas que tendrá este cambio, en contra de las legislaciones de las comunidades autónomas.
En su intervención, la conselleira de Medio Ambiente avanzó que los servicios jurídicos de la Xunta analizarán el “contenido” y las ”circunstancias” del acuerdo para estudiar la presentación de posibles recursos para frenar una decisión que —señalan— carece de fundamentos “técnicos” y “científicos”.
El consejero asturiano de Medio Rural, el socialista Alejandro Calvo, apostó por “una estrategia nacional que integre los planes de gestión que hay diseñados en las comunidades con el 97% del lobo en España”. “Y, por tanto, debemos ser decisivas a la hora de configurar esa estrategia”, defendió.
El consejero cántabro Guillermo Blanco fue el más rotundo: “Vamos a seguir gestionando el control del lobo, pase lo que pase, y a tratar de impugnar la decisión”.
Galicia, junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León reclaman a la ministra del ramo, Teresa Ribera, que “abandone la política de imposición y que se siente con ellos para abordar el tema desde el diálogo, con el fin de evitar —advierten— el “grave perjuicio” al medio rural que supondría que el Gobierno central decidiese sacar adelante esta propuesta”. En caso contrario, acudirán a los tribunales. “Está en juego la supervivencia del medio rural, que no pervivirá sin el sector ganadero”, concluyen.
