Los ayuntamientos gallegos siguen, desde la crisis económica de 2008, con el problema de dar salida a sus reservas de bienes públicos, sobre todo de suelo —junto con otras propiedades de dominio público municipal—, debido al abaratamiento de los precios, que siguen en niveles anteriores a la crisis, y a la falta de demanda para nuevos proyectos urbanísticos.
Hubo una época —los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria— en la que los concellos llegaron a recaudar por la venta de terrenos y propiedades más de 30 millones de euros por ejercicio. En aquellos momentos era una fuente de financiación relevante para los municipios. En 2019, esa cifra se ha reducido a 2,9 millones. Diez veces menos, según el último balance de la ejecución presupuestaria publicado por el Ministerio de Hacienda. Es una de las consecuencias de la crisis inmobiliaria que ha golpeado las arcas de los concellos.
Para entender mejor esta debacle en la recaudación por la venta, sobre todo, de su suelo solo hay que sumar la recaudación conjunta que se produjo entre los años 2010 y 2017 (30,4 millones). Inferior a los 34,6 de 2006 o los 33,6 de 2007. Es decir, los concellos necesitan ocho años para conseguir el mismo dinero que hace una década lograban en solo 12 meses.
Una de las variables que sirven para medir el impacto de la crisis inmobiliaria en las arcas de los ayuntamientos son los ingresos que reciben por la enajenación de inversiones reales, que es como se conoce técnicamente la venta de suelo, otras propiedades, además de los aprovechamientos que por ley les corresponde cobrar.
Desde 2007 se ha producido un desplome paulatino de la cantidad que perciben los municipios por este concepto. Tocó suelo en 2012 cuando los ingresos se quedaron en 1,7 millones. Desde ese año, y gracias a la tímida recuperación de la economía, esta partida encadenó tres subidas consecutivas: 1,9 millones en 2013; 2,4 en 2014 y 4,5 en 2015. Sin embargo, en 2016 la recaudación cayó y solo alcanzó los 1,3 millones, la cifra más baja de los últimos 18 años.
Y además, el dato de 2015 está adulterado. El Ayuntamiento de Vigo se embolsó ese año 2,6 millones por una finca para construir la Cidade da Xustiza. Sin esta partida, la recaudación por la venta de suelos y propiedades de todos los concellos habría sido de 1,9 millones, inferior a la de 2014 y similar a la de 2013.
Lo mismo ocurre con el dato de 2018, que, según los datos del Ministerio de Hacienda, se recaudaron 20,9 millones. Sin embargo, 18,7 corresponden a solo tres concellos: Vigo (12,8 millones), A Coruña (3,6) y Oleiros (2,3). Los 2,2 millones restantes hasta los 20,9 se los reparten los 310 municipios gallegos restantes.
Una conclusión similar se extrae de la cifra de 2019. De los 2,9 millones que recaudaron todos los concellos por la venta de suelo, 2,1 corresponden a cuatro ayuntamientos: A Laracha (621.000 euros), O Porriño (570.000), Oleiros (511.000) y Santiago (414.000). Como en 2018, la inmensa mayoría de los ayuntamientos gallegos no recibió nada por la enajenación de inversiones o recibió una cantidad ínfima.
El impacto de los ingresos en los presupuestos municipales por la venta de su patrimonio es ahora muy reducido. Antes de que estallase la crisis llegaron a representar más del 1,5% del total. En 2019 fue el 0,11%. Es el capítulo de los ingresos con menor contribución a las arcas municipales: 1 euro por habitante, frente a los más de 12 que suponían antes de que arrancase la crisis.
Cada año, los ayuntamientos tienen que enviar al Ministerio de Hacienda sus presupuestos en los que detallan los gastos que pretenden realizar y los ingresos que prevén conseguir. En esta última partida, los concellos habían presupuestado que iban a recaudar 7,1 millones en 2019. Al final fueron menos de la mitad: 2,9. Es algo que ocurre todos los años. Las previsiones se quedan lejos de lo que al final recaudan.
¿Y en 2020? El Ministerio de Hacienda aún no ha cerrado la liquidación presupuestaria de los concellos del pasado ejercicio, pero estos sí que han enviado sus presupuestos del pasado año y habían previsto ingresar 14,5 millones. De lograrlos sería la mayor cifra desde 2008. Pero el COVID —y que las previsiones siempre tiran hacia arriba— va a provocar que la recaudación del pasado ejercicio sea mucho menor de la esperada.
Los ayuntamientos reducen a la mitad su deuda pública en cinco años
Los ayuntamientos gallegos se han apretado el cinturón y han reducido a la mitad su deuda pública en los últimos cinco años. Algo más de 70 millones de euros menos, según los datos del Ministerio de Hacienda. Si en 2014, y tras cinco años al alza, sus compromisos de pago tocaron techo con 138,8 millones, en 2019, y tras otros cinco a la baja, la deuda ha caído hasta los 68 millones. Es la menor cifra en los últimos 20 años. En 2015, y por primera vez en cinco ejercicios, descendió la partida correspondiente a los intereses y amortizaciones de los préstamos que tienen que pagar los ayuntamientos gallegos. Esa tendencia se ha confirmado en el quinquenio siguiente. En 2015, el descenso fue de un 11% con respecto al año anterior al pasar de 138,8 millones a 123,2. En 2016, aunque el descenso no fue tan acusado, el recorte alcanzó el 2% hasta los 120,3 millones. En 2017, la bajada fue del 9% hasta los 108,9, y en 2018, del 4% hasta los 104,4. Sin embargo, el gran recorte se produjo en 2019. En este ejercicio, la deuda pública de los concellos se redujo algo más de un tercio (34%) y se quedó en 68,7 millones. El comportamiento de la deuda varía según el tamaño de los municipios. En 2019 bajó con más fuerza entre los que tienen entre 20.000 y 50.000 vecinos (un 54,1%) y en los más poblados (A Coruña, Vigo y Ourense, los tres por encima de los 100.000 habitantes) con un 45% menos. También por encima del 30% de descenso (-35%) se situaron los que tienen entre 5.000 y 20.000 empadronados. El menor descenso de la deuda pública (-12,8%) se produjo entre los concellos que tienen 50.000 y 100.000 habitantes.
