La pandemia se ha llevado por delante más 3.000 bares y restaurantes de la comunidad, que tras el estallido del COVID se han visto obligados a colgar el cartel de Se vende, Se alquila o Se traspasa. La crisis no les ha dejado otra salida que cerrar de manera definitiva su negocio por las facturas que se acumulaban a la par que los ingresos menguaban o ya ni existían. En la actualidad, unos 19.000 locales de hostelería tratan de sobrevivir en Galicia y esperan que la inyección del segundo plan de rescate de la Xunta (que también está dirigido a los autónomos) salve su economía y la de su familia. La convocatoria de los más de 75 millones de euros se publicará entre el jueves y viernes de esta semana y se sumarán a los 70 millones del primer plan. La nueva línea de subvenciones autonómicas obligará a hosteleros, autónomos y titulares de microempresas utilizar el 80 % de la cantidad que les corresponda para saldar las deudas tributarias, por ejemplo con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. Una vez acreditado el pago, recibirán el 20% restante para los gastos que consideren oportunos.

Así lo explicó ayer vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, quien agradeció “el sacrificio” que están realizando pese a estar pasando “unos momentos muy complicados” y les explicó que aunque la situación sanitaria ha mejorado pero aún no lo suficiente para poder reabrir sus negocios.

El numero dos del Gobierno gallego destacó que en la reunión mantenida el lunes con el sector abordaron el plan de la Xunta para la desescalada, que se irá produciendo de forma gradual en función de la situación epidemiológica de cada localidad y no de forma conjunta para toda Galicia “para no dar pasos atrás”.

Rueda reveló que los hosteleros insistieron en la necesidad de recibir ayudas y de que las administraciones colaboren con ellos y han demandado estabilidad para poder volver a trabajar “con una apertura continuada en el tiempo”.

El plan de desescalada propuesto contiene un sistema para poder calcular los aforos, desde el punto de vista sanitario, de forma que esté visible en todos los locales; un sistema de forma de seguimiento “de momento voluntario” por código QR, y un sistema conjunto de control de los locales a través de las fuerzas de seguridad, aplicó Rueda.

Sobre el código QR, detalló que es el sistema que se está implantando en otras autonomías y reconoció que su implantación puede ser complicada en algunos lugares, por lo que ha insistido en que de momento será voluntaria. Destacó además que “no será un impedimento” para que los locales puedan abrir y se ha mostrado convencido de que será un sistema que se acabe imponiendo, al igual que ya se está usando para leer los menús, por ejemplo.

En cuanto a los recursos anunciados por algunas asociaciones provinciales de hosteleros, como es el caso de la de A Coruña, Rueda defendió el derecho de cualquier ciudadano a acudir a la justicia para defender sus derechos. En cualquier caso, señaló que la administración sigue defendiendo sus medidas para contener la pandemia y lo hará ante los tribunales en caso de que finalmente tenga que hacerlo, informa Efe.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Galicia, manifestó ayer su compromiso con las reclamaciones del Clúster Turismo de Galicia para “tratar de resolver la difícil situación” que atraviesa el sector como consecuencia de la crisis económica derivada del COVID.