Primero fue la decisión del Gobierno central de declarar el lobo una especie protegida y, en consecuencia, prohibir su caza en todo el territorio. Este acuerdo tomado sin consenso puso en pie guerra a las comunidades loberas, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que concentran el 95% de los cánidos del país y que cuentan con planes de gestión que permiten batidas bajo la supervisión de la administración autonómica. En el caso de Galicia, solo se autorizan cuando un ataque ocasiona daños a la ganadería y que, además, la acción cinegética debe estar avalada con informes técnicos. Ahora, la propuesta del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de que se sufraguen los daños ocasionados por los cánidos con los fondos de la Política Agraria Común (PAC) asignados a cada comunidad han agravado más el enfrentamiento entre el Noroeste y el Ejecutivo central. La Xunta manifiesta su no rotundo. “Es inaceptable que se plantee. Eso implica quitar fondos agrarios que iban a destinarse a otras necesidades del sector”, sentencia la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo.

Al rechazo de plano de las comunidades del Noroeste a este planteamiento de Madrid, se suman las organizaciones agrarias que reclaman la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del alto cargo de Medio Ambiente por su gestión en la protección del lobo.

Por las “irregularidades” en el procedimiento por el que la comisión de Biodiversidad decidió en su reunión del pasado 4 de febrero incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, Galicia junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León anunciaron su impugnación. Los servicios jurídicos de la Xunta ultiman el recurso, así como las alegaciones que presentarán a la consulta pública previa sobre el proyecto, plazo abierto hasta el próximo viernes día 26. “Se han saltado el procedimiento”, cuestiona Belén do Campo, tanto por no haberse hecho de manera consensuada —que es la forma en la que se opera cuando se trata de blindar una especie—, dando en esta ocasión voz y voto a comunidades sin presencia del lobo. “Lo que ocurrió en la comisión del día 4 no se correspondió con lo acordado en la celebrada el mes de septiembre del año pasado: ni se hizo por consenso ni se limitó el debate y la votación a las comunidades que tienen que gestionarlo”, censura la directora xeral de Patrimonio Natural, al tiempo de que advierte de que fue el secretario de Estado de Medio Ambiente quien se puso al frente de la citada comisión frente a quien debería hacerlo en su condición de presidente.

“Se ha actuado con falta de tacto y de diálogo y no se ha respetado el compromiso de consenso que imperaba en este tipo de procedimientos”; advierten desde la Consellería de Medio Ambiente. Al tiempo que replican a Morán que en Galicia la caza del lobo no es un deporte, sino que solo se autorizan acciones cinegéticas cuando se constatan daños a la ganadería por los ataques del cánido. Desde 2010, tan solo se realizaron 60 batidas, monterías y esperas en los montes gallegos, con 11 ejemplares capturados. El departamento que dirige Teresa Ribera, según advierte, ha llevado a cabo un “trámite irregular” y ha generado un debate entre territorios cuando “hay un compromiso real desde las autonomías por la conservación del logo y su cohabitación con el sector ganadero”. “Se ha fomentado la crispación, alejándose de la cooperación y la colaboración que el tema requiere”, cuestiona Belén do Campo.

Sobre el informe del comité científico en el que se apoya Transición Ecológica para la prohibición de la caza del lobo en toda España, la Consellería de Medio Ambiente advierte de que ni es preceptivo ni vinculante y está firmado por un solo miembro y que no es experto en esta especie. “Pero ni concluye que haya que protegerla ni que en la actualidad esté amenazada”, expone Belén do Campo.

Y por si esta cadena de elementos que, advierte, avalan los planes de gestión del Noroeste sobre el lobo no fueran suficientes, la directora xeral de Patrimonio Natural alude a la directiva comunitaria que desde 2008 permite a las comunidades gestionar la caza. “Todo esto pone de manifiesto el desastroso desconocimiento del secretario de Estado de Medio Ambiente, que al hablar de caza por deporte del lobo en Galicia demuestra que ni se ha leído los informes de las comunidades autonómica sobre el modelo de gestión: que buscan garantizar la viabilidad de la biodiversidad, con una población estable y compatible con el sector agroganadero”, concluye Do Campo.