Mientras la pandemia pierde fuerza, pero sigue matando a ciudadanos, la política destina parte de su protagonismo a debatir sobre la calidad democrática del Estado. La cuestión se agudizó el 23-F, cuando varias fuerzas aprovecharon el 40º aniversario del fracaso del golpe de Estado de Tejero para cuestionar el relato oficial. A raíz de esa cuestión, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, y Ana Pontón, líder del BNG, se enzarzaron en un cruce de descalificaciones. El primero la culpó de capitanear al Bloque “más radical y lamentable”, por aliarse con Bildu y ERC, y la segunda le reprochó su contumacia en ejercer de “oposición de la oposición” y convertirse en ejemplo de “trumpismo”, debilitando las instituciones gallegas. El marco del debate se refería al 23-F. Al homenaje en el Congreso al triunfo de la Transición sobre esa intentona golpista no acudieron varios grupos políticos, que secundaron un comunicado cuestionando el relato oficial y pidiendo romper con el “régimen del 78”. Esta alianza incluía al BNG, la CUP, ERC, Bildu, PdeCat y Junts. “Es bochornoso”, definió Feijóo ese pacto.

La réplica de Pontón no se quedó atrás y acusó al líder del PP gallego de “ningunear al Parlamento”, “improvisar” la gestión de la pandemia, pese a que Galicia muestra de los índices de mortalidad más bajos, y de ejercer de dinamitador de la política, “enlodando” el debate. “Viene aquí a hacer trumpismo para esconder que no tiene propuestas para el país”, añadió.

Gonzalo Caballero culpó de unos peajes “abusivos y lesivos” a la última prórroga de la concesión decretada por el Gobierno de Aznar hasta el máximo legal, 2048, y al bloqueo a la transferencia a Galicia de la titularidad de la vía por el Ejecutivo de Rajoy, aunque el de Pedro Sánchez aún no ha cerrado esa decisión.

Feijóo respondió al ataque, revelando un requerimiento del Ministerio de Transportes en el que pide a Galicia que asuma la mitad del coste de la gratuidad de los peajes de A Barcala y Rande, lo que Feijóo cifró en 400 millones. “Es la primera vez que un Gobierno de España, con membrete de un ministerio le pide a Galicia que pague a Audasa”, espetó, aunque el motivo de esa reclamación es que una sentencia firme obliga a reponer el convenio que fijaba un pago a la concesionaria al 50% entre ambas administraciones. Se había anulado para eximir a la Xunta.