La propuesta del Gobierno central para costear los daños que causa el lobo en sus explotaciones pasa por las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Pero las comunidades del Noroeste, en pie de guerra contra el Ministerio de Transición Ecológica por su decisión de declarar la protección de esta especie y, en consecuencia, prohibir su caza en toda España, rechazan de plano que haya que detraer fondos de la PAC para hacer frente a los destrozos del cánido en las cabañas ganaderas ya que eso implicaría la detracción de esas partidas de otros ámbitos. Hasta ahora, las comunidades loberas —Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León— han sacado de sus arcas autonómicas las subvenciones para damnificar a los ganaderos y agricultores afectados por los ataques del lobo, pero advierten de que si el Ejecutivo central continúa adelante con la inclusión del animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial tendrá que habilitar subvenciones para estos daños al sector.

En Galicia, la Consellería de Medio Ambiente ha habilitado para este año una partida de 650.000 euros para atender las pérdidas que ocasiona el lobo en la cabaña ganadera, lo que supone un 62% más que en 2020 (400.000 euros). Pese a las batidas controladas que se realizan en Galicia a través del plan de gestión del lobo, una herramienta puesta en marcha hace más de una década con el objetivo, según reiteró ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, de “proteger y garantizar el equilibrio entre la población del lobo y la actividad económica”, los ataques del cánido en la comunidad han aumentado en los últimos años. En consecuencia, desde la Xunta advierten del aumento “de la conflictividad social en los ayuntamientos con niveles más elevados de estos daños”; según recogen las alegaciones presentadas por Galicia contra la orden para la protección del lobo. Desde el año 2014, los avisos del sector agroganadero se multiplicaron un 126%, al pasar de 618 a casi 1.400 en 2019 y el número de animales afectados aumentó un 60%, con casi 1.500 en 2014 a más de 2.300 de las últimas estadísticas.

Junto a las ayudas por los daños en la cabaña ganadera, el sector también puede acceder a una línea de subvenciones para prevenir los ataques, partidas con las que se financia la adquisición de perros de protección y defensa del ganado, pastores eléctricos y cierres móviles de alambrada electrificad. En los últimos cinco años, la Xunta reservó diez millones para prevenir y paliar los daños que provoca la fauna silvestre —lobo, jabalí y oso—.

Ante la petición hecha la semana pasada por las comunidades del Noroeste de convocar una reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abordar el futuro del lobo, desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez advierten de que todavía no recibieron respuesta la alguna. La petición fue cursada por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León coincidiendo con la comparecencia conjunta el jueves pasado en el Senado de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su homólogo en Agricultura, Luis Planas. En su intervención, este último recogió el guante de la Xunta y defendió ante Ribera la necesidad de aprobar una nueva estrategia del lobo con el máximo consenso. Para ello, defendió un trabajo “sosegado y robusto”, basado en criterios “científicos” y en el que se escuche a todos los actores: comunidades, ayuntamientos, ganaderos, ecologistas, cazadores...

Para tratar de llegar a un acuerdo, el Noroeste acordó formar un comité técnico-científico desde el que coordinar las medidas de gestión y también trasladaron directamente a Ribera una solicitud para ser las comunidades las que lideren la estrategia nacional para la conservación del lobo Ibérico. Por dos razones, advierte Medio Ambiente, “de calado”: “son los gobiernos autonómicos los que cuentan con una mayor información y con los conocimientos necesarios para controlar de manera adecuada la especie y, en el caso de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, las que acumulan la mayoría de ejemplares que existen en España”, en concreto el 95%.