No hay sector que no haya sido golpeado por el COVID. Negocios cerrados temporalmente, otros ya liquidados, ERTE, despidos... A la cifra de víctimas de la pandemia, se suman las que encaran un futuro incierto por el embate de la crisis que deje el coronavirus. La lista, lejos de ir a menos, suma cada día más damnificados que esperan recibir ayudas directas para salir de la asfixia económica que arrastran desde hace ya un año. Los tentáculos de la pandemia estrangulan a más de un centenar de actividades vinculadas a la educación ambiental en Galicia.
Granjas escuelas, aulas de naturaleza, aulas del mar y pequeñas empresas con actividades ambientales en ayuntamientos, ciudades o espacios protegidos, entre otros, permanecen cerrados en el año pos-COVID, con sus trabajadores en ERTE, y con serias dificultades para mantener su actividad económica en pie. Se trata de más de un millar de actividades en todo el país, el 12% en la comunidad gallega, que desarrollan su actividad económica principalmente con escolares desde Infantil a Secundaria y que tienen una facturación aproximada por centro de 300.000 euros, según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
“Hablamos de un sector que en el año 2019 recibió más de 5 millones de visitantes, con una facturación superior a los 300 millones de euros”, destaca Eduardo Abad, presidente de UPTA. Desde que se decretó el estado de alarma, hace ya un año, estas entidades permanecen cerradas, con unos gastos fijos “inasumibles” —advierte Abad— debido al parón de las visitas durante la pandemia.
Gastos
Al elevado coste de mantenimiento que acarrean las instalaciones, hay que añadir otras facturas fijas vinculadas a los cuidados de los animales y de las huertas en el caso de las granjas escuelas.
Desde UPTA cifran en 20.000 los puestos de trabajo directos que generan estos autónomos, cooperativas y pequeñas empresas del sector. “Queremos dar voz a estos negocios, autónomos y pymes, que atraviesan una situación económica sin precedentes, y que asisten con resignación a pérdidas de casi el 100% de su facturación desde el inicio de la pandemia”, lamenta Eduardo Abad, al tiempo que hace un llamamiento al Gobierno de Sánchez para que socorra a través de ayudas directas a las actividades que más facturación han perdido con respecto al año 2019.
“Deben asignarse en base al criterio de pérdida de facturación, los 11.000 millones de euros del plan de rescate del Gobierno deben destinarse, principalmente, a paliar los gastos fijos de cada uno de los negocios que se encuentran en una situación de pérdida total de facturación”, reclama el presidente del colectivo de autónomos.
