Vertidos a los ríos de empresas y particulares y emisiones contaminantes de las fábricas o centrales eléctricas. Para contener los residuos que llegan a las aguas fluviales y marinas y los óxidos de nitrógeno y de azufre que agravan el calentamiento global, la Xunta aplica sanciones e impuestos con los que pretende aplicar la premisa de que quien contamina, paga. Pero a los colectivos ecologistas los gravámenes de la Administración autonómica resultan insuficientes y no logran frenar la contaminación que generan los residuos tóxicos que llegan a los ríos o las emisiones de las plantas asentadas en la comunidad. Para la organización Arco Iris, los impuestos por contaminación atmosférica que mantiene en vigor la Axencia Tributaria de Galicia desde hace unos años hacen que las emisiones en la comunidad “salgan gratis”.
El pasado mes de enero, el colectivo ecologista ya cargaba contra la Xunta por rebajar los impuestos por vertidos contaminantes, ya que según advierten en los últimos diez años los gravámenes cayeron un 15% en relación a la tendencia del IPC. Para la asociación, esta evolución en los tipos impositivos responde a “una gestión ambiental poco sostenible” en cuestión de vertidos y a “una política continuista que solo beneficia a empresas sin escrúpulos que contaminan cada vez más a menos precio”.
“Disparate legal”
Ahora Arco Iris pone en el punto de mira los impuestos autonómicos por emisiones contaminantes. Según los criterios del gravamen por contaminación atmosférica en Galicia, cualquier emisión por debajo de 100 toneladas de óxidos de nitrógeno y/o óxidos de azufre queda libre de abonar tasas, según denuncia la organización ecologista.
“En base a este disparate legal, un foco de emisión que produjese hasta 200 toneladas de ambos GEI (gases de efecto invernadero), pagaría la módica cantidad de cero euros por contribuir de forma voluntaria y desinteresada al cambio climático”, cuestionan desde Arco Iris.
La normativa, según denuncia el colectivo, ni siquiera hace alusión al dióxido de carbono, pero sí se excluye del mercado de derechos de emisión a 11 empresas radicadas en Galicia y con emisiones “inferiores a 25.000 toneladas” de CO2, lo cual —apunta— “constituye un merecido galardón a su ejemplar comportamiento sostenible”.
Para explicar la problemática con un ejemplo práctico, Arco Iris expone que “el potencial de calentamiento global de los óxidos de nitrógeno es 300 veces superior al CO2”. Por tanto —explica—, un foco que emitiera 100 toneladas de N2O causaría una carga GEI equivalente a 30.000 toneladas CO2.
Ante esta situación, el colectivo exige a la Xunta que dé “todo tipo de explicaciones” y aclare si va a mantener este “anómalo, anacrónico y obsoleto” sistema de gravar las emisiones contaminantes en un planeta que —lamenta Arco Iris— “se encamina de forma irreversible a una economía circular y sostenible, uno de cuyos pilares es sin duda la reducción drástica de los gases de efecto invernadero”
Los ecologistas gallegos miran a países del entorno europeo y advierten de que las emisiones contaminantes no salen tan baratas como en Galicia. Según las comisiones internacionales en la materia, como la Stern-Stiglitz, el precio medio por tonelada de CO2 emitida en 2020 es de 60 euros, lo cual se traduce en una tasa de 1.800.000 euros a abonar si se aplicasen dichos precios a esas 100 toneladas de N2O. “En Galicia esto mismo saldría totalmente gratis”, lamentan desde Arco.
