Muros y desmontes sin protección, laderas con desprendimientos, cunetas demasiado profundas, arcenes sin asfaltar, luminarias sin protección y deficiente iluminación en algunos puntos, postes de hormigón junto a la vía, alturas de barreras insuficientes, incluso oxidadas o ya rotas, anchos de arcén en la entrada a la autopista que no cumplen la normativa, desagües sin barrera o altura insuficiente de las barandillas de protección en puentes.

La larga lista de deficiencias denunciadas en la AP-9 llevó el pasado mes al Ministerio de Transportes a ordenar una auditoría para analizar el estado de la vía de pago gallega, una inspección abierta a raíz de los informes técnicos oficiales difundidos por LA OPINIÓN en los que se advertía al anterior Ministerio de Fomento (ahora Transportes y Movilidad) y a la propia Audasa de decenas de “deficiencias”, “fallos de seguridad” y “normativa incumplida” que ponen en riesgo la seguridad de conductores y pasajeros. Concluida la inspección, encargada a una independiente externa, el departamento que dirige José Luis Ábalos exige a la concesionaria una inversión de 3,4 millones para “mejorar la seguridad de la autopista” tras detectar “elementos susceptibles de mejora”.

El trabajo de campo a lo largo de los casi 220 kilómetros de la AP-9 que conecta Ferrol con Tui y sus 42 enlaces comenzó el pasado mes de febrero y se prolongó hasta mayo. Los expertos independientes que analizaron durante estos cuatro meses el estado de la infraestructura de pago, que por cuarto año consecutivo en 2020 volvió a experimentar un alza en los peajes en contra de la bajada generalizada en el conjunto del país, identificaron firmes y elementos de iluminación en mal estado, barreras de seguridad dañadas y anclajes defectuosos, arcenes con maleza, marcas viales casi borradas por el intenso tráfico, señalización de difícil comprensión para el conductor, entre otros fallos en la infraestructura que Audasa deberá subsanar a partir del próximo mes de julio. El grueso de las actuaciones —por un importe de 3,1 millones (el 89% del total)— se realizarán este año.

Seguridad

Desde el Ministerio de Transportes, advierten de que pese a estas obras de mejora, la AP-9 cumple “todas las normativas de seguridad viaria y tiene uno de los niveles más bajos de siniestralidad de Galicia y España (el riesgo de fallecer en un accidente —definido por índice de mortalidad— es de 0,1, tres veces menor que en el conjunto de la red de carreteras del Estado)”. “El objetivo de estas actuaciones preventivas de conservación es mantener los más altos estándares de seguridad y reducir aún más el riesgo de sufrir un accidente”, apuntan desde el departamento que dirige Ábalos.

  • Ramal de Ferrol. Uno de los tramos que presentaba mayor deterioro, según las denuncias comunicadas al entonces Ministerio de Fomento (hoy Transportes) y a la propia Audasa era el de Ferrol. El departamento que dirige Ábalos tiene previsto que el próximo mes comiencen las actuaciones de mejora en el firme en el ramal de Ferrol, donde se eliminará el escalón en los arcenes, se hará hincapié en “perfeccionar el firme” de los accesos a la autopista y se dará continuidad a las campañas de mejora de la rodadura. La inversión para estas obras será de 2,5 millones.
  • Señalización. Las obras exigidas a Audasa incluyen la inversión de 527.000 euros en tres anualidades para “la mejora de la señalización de orientación, disposición o ubicación para reducir la indecisión en los conductores y aumentar su visibilidad”. También se señalizarán circunstancias que puedan suponer un peligro puntual para la circulación. Este año se invertirán 188.000 euros en estas actuaciones, según detalló ayer el Ministerio de Transportes.
  • Repintado. Fruto de la inspección, también se ve necesario el repintando de las marcas viales de la AP-9 para “aumentar y mejorar las características generales” de estas a lo largo de la autopista. Este capítulo tiene una inversión prevista de 265.000 euros en dos años, destinando 168.000 euros a lo largo de este ejercicio.
  • Balizamientos. La concesionaria de la autopista gallega también deberá reponer los elementos de balizamientos que han perdido su funcionalidad. El presupuesto asignado para esta partida es de 97.000 euros.
  • Barreras de seguridad. Audasa tendrá que subsanar el deterioro de las barreras de seguridad “dañadas” y reponer “los anclajes defectuosos”, según concluye la auditoría encargada por el Gobierno. La inversión en estas actuaciones denunciadas a través de informes oficiales alcanzará los 21.000 euros.
  • Iluminación y limpieza. En la programación de trabajos de mantenimiento de la AP-9, el Ministerio de Transportes también ha incluido la reposición de elementos de iluminación, limpieza y barrido de arcenes por otros 21.000 euros.

Presión de las víctimas, la Xunta y la propia Fiscalía

Nada más trascender el contenido de los informes oficiales en manos del anterior Ministerio de Fomento y de la propia Audasa sobre el mal estado de la AP-9, el colectivo de víctimas Stop Accidentes y la Xunta se movilizaron para lograr que se acometiesen las actuaciones necesarias para garantizar una autopista segura. Al mismo tiempo, la Fiscalía de Seguridad Vial, consultada por este periódico, advertía del riesgo de delito si se aprecia dejadez en la conservación de una vía.

Para proceder a la imputación por el estado deficiente de una carretera, es necesario que el responsable tenga conocimiento de lo peligroso de la situación y tenga la capacidad de eliminar el peligro, según detallaban el pasado mes de enero desde la Fiscalía de Seguridad Vial en Galicia.

Por su parte, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, remitió una carta al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, en la que ante “la especial gravedad” de la situación exigía al Gobierno central que apremiase a la concesionaria a mantener la autopista AP-9 “en perfectas condiciones”.

Desde Stop Accidentes corresponsabilizaban al Ejecutivo central de las deficiencias detectadas en la AP-9 y le emplazaban a que fueran subsanadas. “Una autopista no puede ser una infraestructura mortal”, cuestionaba la presidenta del colectivo de víctimas en Galicia, Jeanne Picard.